La Policía controlará venta de minutos a celular

Los vendedores de minutos de telefonía celular no solo deben obtener un permiso del operador para cumplir su función, sino también comunicarlo a las autoridades de policía del respectivo lugar de residencia.
La polémica decisión fue la última modificación hecha por la plenaria de la Cámara de Representantes al proyecto que prorroga por cuatro años la vigencia de la ley de orden público, que además le permite al gobierno negociar la desmovilización de grupos armados y conceder indultos personales.
El representante Carlos Fernando Motoa, ponente del proyecto, explicó que los controles a la venta de minutos por celular obedece a un pedido de las autoridades policiales y militares, que quieren llevar un registro de quienes se dedican a esta actividad.
Otra modificación a la ley de orden público fue la supresión de la propuesta para que los actuales concesionarios de vías de comunicación, terrestres o fluviales, puertos aéreos, marítimos o fluviales no paguen un impuesto del 2,5 por mil como se contemplaba en el texto aprobado por el Senado.
Carlos Holguín Sardi, ministro del Interior, dijo que ese impuesto solo se cobrará a las nuevas concesiones, sin efectos retroactivos.
La ley establece que todo contratista de obras públicas debe pagar el 5 por ciento del valor del contrato con destino a los fondos de seguridad y convivencia nacional, departamental o municipal, según el caso.
Además se mantiene las líneas de crédito especiales para la reparación o reposición de vehículos afectados por problemas de orden público, se viabilizan y agilizan las llamadas alertas tempranas y se fortalece el programa de protección a testigos en cabeza de la Fiscalía General de la Nación.
La prórroga de la ley de orden público fue aprobada en último debate, aunque debe sufrir una conciliación de los textos por las diferencias planteadas en las dos cámaras.