Los brasileños Baiano y Alvaro, denunciados por pasaportes falsos

LAS PALMAS DE LA GRAN CANARIA, ESPAÑA.--- La Delegación del Gobierno en Canarias ha llevado a los tribunales a la Unión Deportiva Las Palmas y a sus jugadores de fútbol, los brasileños Dermival Almeyda Baiano y Alvaro Luis Maior, por el presunto delito de falsedad de documento público -pasaporte-, confirmó hoy a Efe su portavoz.
El consejo de administración de la Unión Deportiva Las Palmas comunicó hoy a Efe que ni "la entidad, ni su presidente, Manuel García Navarro, han estado sometidos a ningún expediente de investigación, como consecuencia de la denuncia que con carácter general y público se ha efectuado contra diversos jugadores extranjeros que militan en la Liga Española".
Sin embargo, los diarios Canarias 7 y Marca informaron hoy de que la policía abrió una investigación por los pasaportes de origen de los olímpicos brasileños Baiano y Alvaro, ya que solicitaron desde septiembre permiso de residencia como comunitarios -pasaporte portugués- y se les concedió hasta finales del 2003 y, posteriormente el pasado enero, solicitaron otra autorización como extranjeros.
El Grupo de Extranjeros de la Policía Nacional actuó de oficio ante la dualidad de solicitudes y, tras contactar con la policía portuguesa, puso en conocimiento de la Delegación de Gobierno en Canarias sus investigaciones, que demuestran la contradicción entre ambas documentaciones.
La Delegación del Gobierno en Canarias determinó denunciar los hechos en los tribunales, y a partir de ahora cada una de las partes implicadas podrán presentar las alegaciones oportunas.
Si bien fue la Unión Deportiva Las Palmas quien realizó los trámites de los preceptivos permisos de residencia en nombre de Baiano y Alvaro, se desconoce si la entidad deportiva grancanaria ha podido ser víctima de un engaño, y será el juzgado el que tenga la última palabra, añadió el portavoz de la Delegación de Canarias.
El diario Marca reseña que la denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que podrá archivarla o admitirla a trámite.
El Código Penal sanciona la falsedad de documento público y oficial con penas que oscilan entre seis meses y tres años de cárcel, y a multas de seis a doce meses, tiempo durante el cual el condenado deberá pagar la cifra que estime el juez.