Moción de censura a Mindefensa: ¿Cuál es el balance de su gestión?

En Hora 20 un análisis al nuevo debate de moción de censura, esta vez contra el ministro de Defensa; se habló de los alcances del debate; de las cargas políticas y de lo que podría tener la lectura de un fracaso en la política en seguridad de este gobierno. También se debatió sobre las polémicas declaraciones del comisionado para la paz, Miguel Ceballos, al considerar, que Carlos Antonio Lozada debe dejar su curul por cuenta de la verdad que contó sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

Más de diez horas de intensa discusión duró en la Cámara de Representantes el debate de moción de censura en contra del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Citado por unos diez congresistas de la oposición para que el ministro responda por abusos de la Fuerza Pública y las últimas polémicas que enlodan la gestión del ministro Trujillo.

Desde las 9:00 de la mañana los representantes a la Cámara asistieron de manera virtual y presencial al debate de moción de censura, que tuvo en primera instancia la intervención de los citantes que llamaron “negligente, “arrogante” y de “dictadura blanda” la gestión del ministro de Defensa y del presidente Duque. La recordaron que no acató el fallo de la Corte Suprema de Justicia y definieron como un fracaso la política en seguridad del gobierno. Después, el ministro hizo su intervención, en la que defendió el gobierno Duque, recordó que se irá de la cartera cuando el presidente se lo solicite y que cumplió a cabalidad el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el cual lo obligaba a pedir perdón por los abusos policiales del paro del año pasado.

Los motivos de este debate de moción de censura estaban centrados en los casos de abuso policial registrados en el país durante las manifestaciones y en lo que la oposición considera una falta por parte del ministro de Defensa al no pedir perdón a las víctimas como lo exigió la Corte Suprema de Justicia en el fallo de hace unas semanas. No obstante, los motivos de este debate van mucho más allá y podrían reflejar lo que sería el fracaso de este gobierno en materia de seguridad, pues algunas cifras podrían corroborarlo. En lo que va del año se han registrado 66 masacres; frente a las 36 de 2019. En materia de líderes sociales la ONU apunta que son 47 los asesinatos verificados; Indepaz dice que son 223 y para la MOE durante el primer semestre los asesinatos contra líderes sociales y políticos crecieron un 85 por ciento. Eso sin nombrar que el desplazamiento forzado, el cual ha crecido un 98 por ciento este año.

Lo que dicen los panelistas

Lariza Pizano, politóloga, periodista y analista, comentó que los debates de moción de censura a no ser que se revelen nuevos hechos terminan siendo escenarios en los que se muestra todo lo que ya se conoce. Identificó que más allá de las cifras en seguridad, “hay un problema de prepotencia absoluta; Botero decía que asesinato a líderes sociales eran líos de faldas, y a este ministro le hace falta humildad”, también recordó que con este gobierno había expectativas por lo que podría ocurrir en materia de seguridad, pero que hoy lo más preocupante es el tema de derechos humanos.

Sobre las declaraciones del comisionado Ceballos y el presidente Duque sobre la JEP y lo que debería ocurrir con Carlos Antonio Lozada, señaló que la JEP no tiene sanciones preventivas, pero que sí impone unas penas y determina si la pena que impone es compatible o no con el ejercicio político.

Para Germán Varón, senador de la república, desde hace tiempo hay problemas en materia de seguridad, pero que no todos son atribuibles al ministro Trujillo. Explicó que es importante que el ministro Trujillo y el Gobierno entienda que se puede variar el rumbo de la Policía, enderezar la institución y trabajar con otras áreas como la justicia; cree que, si eso no se hace, sí hay lugar a un debate de moción de censura.

Planteó que la acción del gobierno en materia de seguridad es deficitaria y que se debe desarrollar un trabajo integral para llevar seguridad a la ciudadanía, pero que, por ejemplo, diciendo que la Policía se va a acercar a la ciudadanía no se logra nada, “eso es un lugar común”, concluyó

Jairo Libreros, abogado, profesor universitario, experto en temas de seguridad, advirtió que es una verdadera vergüenza lo ocurrido durante el debate, pues cree que hay una incapacidad enorme del Congreso para ejercer un ejercicio como el control político, y que, por otro lado, las cosas no están bien en materia de seguridad. Añadió que no es gratuito el hecho de que dos ministros de Defensa tengan un record tan triste en la manera de conducir la cartera, pues cree que no se han sintonizado con las necesidades del país y que tienen como común el hecho de ser soberbios; no aceptar los errores que se cometen; tener pésimo olfato, “y no ser personas que sepan de seguridad.”

Definió como una salida en falso de la administración Duque y del comisionado Ceballos, salir a decir que el senador Lozada debe perder su curul, pues cree que los colombianos necesitan saber la verdad de las Farc, la cual considera que debe estar acompañada de pruebas. Por otro lado, dijo que le preocupa la acción de la Fiscalía al llamar a exguerrilleros, ya que considera que la Fiscalía no tiene competencia para llamarlos.

Para Ricardo Ferro, representante a la Cámara por el Centro Democrático, lo ocurrido hoy en el congreso es un refrito, una moción de censura liviana en argumentos; con argumentación trasnochada y la cual, para el representante incluye acciones que no le corresponden a este ministro, sino al anterior. Recordó los logros del ministro en materia de reducción de homicidios, secuestros y cultivos ilícitos, por lo que considera que no se puede perder de vista la gestión que ha hecho. También explicó que el país debe entender en qué punto recibió este Gobierno la política en seguridad, pues comulga con la idea de que aumentó en cultivos de coca se traduce en aumento en condiciones de violencia.

Sobre lo que pueda ocurrir con Carlos Antonio Lozada ante revelaciones sobre magnicidio de Álvaro Gómez, advirtió que no se puede hablar de asumir consecuencias jurídicas como un ataque al proceso de paz, ya que explicó que en la estatutaria de la JEP se establece que delitos de lesa humanidad no son amnistiables, y que, por lo tanto, se deben someter a las consecuencias legales.