Paro armado: organizaciones sociales hacen un llamado al respeto a la vida
Dan cuenta de homicidios selectivos de civiles, quema de vehículos, vías bloqueadas, amenazas y cierre de comercios en varios departamentos.
Autoridades hacen presencia en algunas zonas.
Doce organizaciones de la sociedad civil denuncian la dramática situación que afrontan las comunidades en los departamentos de Antioquia, Cesar, Córdoba, Atlántico, Bolívar y Sucre por el paro armado que está en curso desde hace algunos días.
Frente a la amenaza terrorista del Clan del Golfo hacen un llamado urgente al respeto a la vida, la integridad, la libertad de la población civil y el respeto de sus bienes.
A través de un documento dirigido a la opinión pública, las organizaciones señalan que en tres días transcurridos desde el anuncio del “Paro Armado decretado por Clan del Golfo, dada la extradición de su excomandante Darío Antonio Úsuga, mejor conocido como Otoniel, hacia los Estados Unidos por parte del Estado colombiano, se han vulnerado gravemente los derechos humanos fundamentales de la población de estos departamentos y se han presentado acciones violentas”.
Dan cuenta de homicidios selectivos de civiles, quema de vehículos, vías bloqueadas, amenazas y cierre de comercios. También se han afectados los derechos a la alimentación y a la movilidad de las personas, especialmente de niños, producto del confinamiento forzado.
“Las acciones de este grupo armado ilegal solo ha tenido, en su gran mayoría, una afectación directa contra los más humildes, que poco o nada tienen que ver con el hecho que motivó dicho paro armado”, dijo José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos de Córdoba.
El líder social también cuestionó que las autoridades gubernamentales negaran la relación de los asesinatos de los últimos días con el paro armado.
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“Ayer estuvieron en Montería los ministros del Interior y de Defensa y la gran conclusión de un consejo de seguridad fue negar lo que está sucediendo en el departamento. La institucionalidad tiene que reconocer que hay un actor armado que está controlando el territorio, que tiene en jaque a un país débil de liderazgo”, comentó Ortega.
Por último, el comité de impulso de la mesa humanitaria del Sur de Córdoba y las organizaciones sociales reiteran la exigencia a los actores armados para que respeten a la población civil y exhortan al Gobierno a que, en primera instancia, no niegue la existencia de este paro armado, “lo cual no ayuda ni soluciona nada, todo lo contrario, agrava más la situación, por lo cual lo que deben hacer es proteger a la sociedad”.
Algunos de las organizaciones que participan de este llamado son: Asociación Nacional De Zonas De Reserva Campesina, Marcha Patriótica, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana, Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, Corporación de Profesionales por la Paz y el Desarrollo de Córdoba, Vivamos Humanos, Fundación Social Abrigando Sueños, Somos Territorio y Apescar.
