Localidades de Cartagena invierten más del 66% de recursos en capacitación
Las capacitaciones tenían como objetivo la atención a grupos poblacionales, emprendimiento, sexualidad, entre otros
Las capacitaciones tenían como objetivo la atención a grupos poblacionales, emprendimiento, sexualidad, entre otros(Colprensa)
Cartagena de Indias
Desde 2018, Funcicar ha hecho seguimiento a la contratación de las tres Localidades de Cartagena, en 2021 analizó de manera especial los procesos competitivos (licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y mínima cuantía) para verificar si contaban con condiciones apropiadas de participación que permitiera a los diferentes interesados ser ejecutores de la compra pública en las administraciones locales.
Las tres localidades de Cartagena contrataron más de $34 mil millones a través de 68 procesos competitivos, los cuales fueron celebrados y publicados en Secop. La Localidad 2 fue la que más recursos invirtió con $13.729 millones, seguida de la Localidad 3 con una inversión de $10.704 millones, y la Localidad 1 registró una contratación por valor de $10.388 millones.
Localidades invierten más del 66% de sus recursos en capacitaciones
De los $34 mil millones contratados por las localidades mediante modalidades competitivas, el 66% de la inversión ($22.883 millones) fue destinada a capacitaciones, las cuales tenían como objetivo la atención a grupos poblacionales, temas de emprendimiento, sexualidad, entre otros; 23% en obras civiles (Reparación a sedes administrativas, intervenciones en parques, zonas verdes, vivienda, entre otros.), 4% en bioseguridad y un 7% restante estuvo destinado a inversiones varias.
Se identificaron patrones que atentan en contra de los principios de la contratación pública:
- Poca pluralidad de oferentes: Hubo poca pluralidad de oferentes y en los casos en que sí hubo proponentes, no se dio una competencia real en la medida que los contratistas no cumplían con los requisitos exigidos: El 60% de los procesos tuvieron un único oferente, y solo 11 contratos tuvieron más de un oferente habilitado para competir.
- Procesos con valores no justificados y sin lograr mejores precios en competencia: solo el 4% de los procesos competitivos celebrados por las Localidades tuvieron estudios de mercado que justificaban los valores con la debida documentación y soporte. De igual forma se observó que el 51% de contratos no tuvieron cotizaciones según lo publicado en Secop, esto representó un riesgo para la administración eficiente de los recursos públicos, debido a que pudieron establecerse precios sin el debido sustento y por consiguiente se pudo pagar valores superiores a los estándares del mercado.
Las administraciones locales no lograron en 2021 un mejor precio en sus procesos competitivos: el 60% de los contratos fueron celebrados por el mismo presupuesto inicial estimado o en su defecto, no lograron que las propuestas fueran significativamente más económicas.
- Adiciones no justificadas ni soportadas: 22 contratos tuvieron adiciones por valor total de $2.899 millones. La Localidad 2 fue la que más adiciones tuvo ($1.495 millones), seguida de la Localidad 3 ($755 millones) y en tercer lugar la Localidad 1 ($648 millones). Funcicar identificó que el 59% de estos procesos no publicó la justificación técnica, jurídica o financiera de las adiciones, tampoco hicieron públicos los ítems de obras y servicios en los cuales se invirtieron esos recursos.
En 9 de estos 22 procesos con adiciones, se observó que el valor definitivo del contrato hubiese permitido a las localidades contratar mediante otras modalidades más garantistas, como por ejemplo hubo procesos de selección abreviada que tras adiciones, superaban el valor permitido para esta modalidad y pudieron haberse contratado por licitación pública, en caso que se hubiese planeado adecuadamente.
- Procesos repetidos año a año: se observó que 27 procesos tenían objetos muy similares a otros contratos celebrados en 2019 y 2020 por las mismas localidades. La mayoría de estos corresponden a capacitaciones de grupos poblacionales, protección animal, emprendimiento, entre otros. Lo anterior no implica que se estén repitiendo con los mismos beneficiarios, sin embargo, resulta pertinente medir el impacto de esta inversión que repite la misma oferta institucional para atender las necesidades públicas.
- Ausencia de especificaciones técnicas: el 88% de los procesos celebrados por las Localidades en 2021 no justificaron los servicios contratados, tampoco indicaron los aportes que cumplía cada ítem para alcanzar el objetivo del proceso. Por ejemplo, se contrataron 4 médicos generales por valor de $34 millones para tomar peso, medición de glucosa, presión y otras actividades que tal como se indican en el contrato, se puede establecer que esas actividades pudieran haber sido ejecutadas por un profesional de la enfermería. De igual forma en un proceso para prevención de la violencia infantil se contrataron 100 tablets que no se relacionan con los objetivos del contrato; en otro proceso se adquirieron 1.500 sillas plásticas pese a que la población beneficiada era de 500 personas, ninguna de estas adquisiciones se justificó.
- Agrupación de servicios y obras: en 2021, las localidades agruparon servicios/obras disímiles dentro de un solo proceso, es así como un contrato para capacitaciones también incluía la dotación de insumos de papelería para la administración local. Esta agrupación pone en riesgo la calidad de los servicios/obras contratadas y dificulta el seguimiento y control tanto del supervisor como de la ciudadanía.
