"El cese de actividades tiene en jaque a la construcción": Matiz

Más de quince días completan los trabajadores de las oficinas de instrumentos públicos del país en cese de actividades debido a decisiones que se han tomado desde la Superintendencia de Notariado y Registro que para ellos pueden ser nocivas para el futuro de esta dependencia.

Por lo menos en el Tolima según Camacol, las pérdidas del sector de la construcción ascenderían a los $44 mil millones ante la imposibilidad de realizar la escrituración y el registro de los inmuebles.

Esta situación fue puesta en conocimiento en el Congreso de la República por parte de la represente a la Cámara del Tolima, Adriana Magali Matiz, quién aseguró que se debe hacer un debate de control político a la la gestión de las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país, por el cese de actividades, el represamiento en los trámites y la afectación de la economía especialmente en el gremio de la construcción.

“Quiero manifestar mi preocupación por las consecuencias que está ocasionando la llamada gran movilización nacional, en defensa del servicio público registral y los derechos de los trabajadores. Movilización organizada por los funcionarios de las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país y que tiene en cese de actividades a estas dependencias desde el pasado 28 de octubre” manifestó la congresista.

Precisamente el debate de control político a la Superintendente de Notariado y Registro, Goethy Fernanda García Flórez, y al ministro de Justicia, Wilson Ruiz fue citado para el jueves 18 de noviembre a las 8:00 a.m.

Se espera que participe la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, Sandra Forero, y los sindicatos y asociaciones de empleados públicos de la Superintendencia de Notariado y Registro; en calidad de invitados.

“Nosotros en este Congreso hemos denunciado en múltiples ocasiones estas irregularidades y le hemos dado a conocer dichas anomalías a la Superintendente de Notariado y Registro, sin embargo, parece que no se prestara atención a lo que hemos denunciado. Por tal motivo, hemos presentado una proposición para citar a debate de control político a la Superintendente y al ministro de Justicia; además de invitar a la presidenta de Camacol para que exponga cada una de las consecuencias que ha tenido este cese de actividades”, puntualizó.