Imputan cargos al Alcalde del municipio de Natagaima
Por presuntas irregularidades en materia de contratación
suministrada Fiscalía Tolima / suministrada Fiscalía Tolima
El alcalde del municipio de Natagaima David Mauricio Andrade fue imputado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión. Los hechos habrían ocurrido entre los años 2012 y 2013, cuando el alcalde también estuvo al frente de la administración municipal.
Por este proceso también fueron imputados por la Fiscalía Víctor Viscaya Ortiz, exsecretario de agricultura para el período referido, Andrea Yolima Trujillo Guarnizo, representante legal de la Fundación Sembrar y para William Caviedes Toro, representante de la corporación Corpodesarrollo.
Los hechos investigados están relacionados con presuntas irregularidades detectadas en un convenio que tenía como objetivo la reforestación y recuperación de sitios de importancia ecológica y áreas de nacimiento en fuentes hídricas naturales de esa población del sur tolimense.
Dichos convenios, cuyo valor alcanzó los 655 millones de pesos, fueron celebrados entre la Alcaldía Municipal, la Fundación Sembrar y la corporación Corpodesarrollo.
Para los investigadores de la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación, el burgomaestre no tuvo en cuenta los requisitos objetivos a la hora de la firma con la Fundación Sembrar, ya que la representante legal era la esposa de un primo suyo.
En el caso del secretario, precisa la Fiscalía, que él a pesar de haber sido designado como supervisor de dichos convenios, pasó por alto situaciones como la descrita.
Para el ente investigador los servidores públicos implicados, presuntamente, permitieron que los representantes legales de la Fundación y la corporación contratistas, se apropiaran de 200 millones de pesos, aproximadamente. Suma que les fue cancelada, aún, sin haber cumplido con las actividades y trabajos que les fueron encomendados.
Se indaga además si en desarrollo de estas actividades los funcionarios, habrían incurrido en falsificación de documentos públicos que fueron suscritos dentro del trámite.
En la próxima diligencia judicial se presentaría el escrito de acusación por parte de la Fiscalía.
