Disidencias buscan carnetizar a campesinos en Ituango

Antioquia

Caracol Radio conoció una denuncia de la comunidad rural del municipio de Ituango en el norte de Antioquia, la cual indica, que las disidencias del Frente 18 Román Ruíz - Cacique Coyará, al mando de alias “Ramiro”, estarían informando a los campesinos de que deben ingresar a un censo que ellos mismos harán y luego recibirán un carné que los identificará como habitantes de las veredas en las que ellos hacen presencia.

Con la “identificación” informal pretenden tener mayor control de las personas que habitan el territorio, quiénes son realmente son trabajadores y quiénes integran el Clan del Golfo, grupo ilegal con el que sostiene una cruenta guerra que ha cobrado la vida de muchas personas, entre ellas, 12 excombatientes, además de líderes sociales.

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Quien se niegue a recibir o portar este “carné” puede correr el riesgo de ser amenazado o asesinado, lo que pone en un riesgo inminente a las comunidades campesinas de varias veredas, las mismas que fueron priorizadas en una alerta temprana por la Defensoría del Pueblo el pasado 23 de enero del 2020.

“Con el ánimo de controlar el ingreso y la salida de personas de la zona. ¿Qué ganan? Ganan ese control, ganan la posibilidad de consolidarse un poco más en el territorio, pero también, ponen en riesgo a los que viven en esas veredas y a otras personas. Con ese tipo de normas se impide la fácil movilidad de las comunidades a cualquiera de las veredas”, afirmó Yesid Zapata defensor de derechos humanos de Antioquia.

El líder social recalcó con profunda preocupación que la carnetización de los campesinos podría tomarse por parte del grupo contrario que la población civil apoya a los disidentes o hacen parte de la estructura.

“Pero lo que nos preocupa es la fácil acción con que pueden hacer esto, a pesar de las grandes advertencias que se le han hecho al Gobierno Nacional y a las diferentes autoridades para que estas situaciones las impidan”, agregó.

Yesid Zapata, también recordó que desde diferentes ONG, han estado solicitando al Gobierno Nacional que implemente una política pública que permita el desmantelamiento de las estructuras armadas ilegales o el sometimiento de estas, para evitar que continúen atacando a la población civil.