Rafael Alberto Aristizábal

La jefa de la cartera de justicia cuestionó que se esté dudando de la buena fe e intención del ejecutivo frente a esta declaratoria, cuando se está tratando de buscar recomponer el orden constitucional en Catatumbo.

El delegado del ente de control señaló que requerirán a la Secretaría de Salud de Buenaventura para conocer si hay información sobre plagas y temas sanitarios dentro del muelle como afirmó el presidente Petro y la ANLA.

La jefa de cartera también indicó que la teoría de una riña entre internos es la que se comienza a perfilar como causante de la muerte del “testigo” estrella del caso Pecci. Asimismo, indicó que continuará en el ministerio.

El jefe negociador, además, reveló que hay una propuesta en curso para el sometimiento a la justicia y aporte a la verdad de los miembros de ese grupo que tendrán que responder por crímenes no amnistiables.

Se trata del lujoso predio ‘La América’, valorado en 26.000 millones de pesos, el mismo que hace pocos días fue entregado formalmente por el presidente Petro y el director de la ANT a víctimas y campesinos.

El excontratista norteamericano secuestrado en 2003 pasó por los micrófonos de La W para rechazar esa propuesta. Asegura que la solicitud va contra las leyes de EE.UU. y Trinidad debe cumplir su condena como cualquier preso.

6AM W

Pablo Beltrán aseguró que el ELN tuvo conversaciones de paz con gobiernos anteriores, pero ninguno había presentado tantas dificultades como el actual.

El presidente de Comunes señaló en La W que la implementación del Estado frente a lo pactado en La Habana sigue siendo lenta.

Camilo González Posso reafirmó en La W el pedido para ‘Iván Mordisco’ de declarar un cese unilateral del fuego con el fin de explorar un posible reinicio de los diálogos de paz.

La W revela el contenido de la audiencia en la que el exagente de inteligencia José Dorado, partícipe presencial en varios de los crímenes, detalló los aterradores procedimientos que se aplicaron bajo el plan ‘Golpe de Gracia’.

El exministro afirmó que una oferta de estas por parte del estado llevaría al estado a competir en precios contra los narcotraficantes afectando el erario y cuestionó la estrategia del ejecutivo frente al combate de cultivos ilícitos.

El exjefe de las Farc cuestionó la metodología que ha venido aplicando la jurisdicción y afirmó que este tribunal sigue “descendiendo” en la escala de mando de la guerrilla, pero no así en la responsabilidad del estado.

El excomandante de las Autodefensas señaló que buscarán “darle un cierre” al sistema de justicia que se aplicó en el Acuerdo de Ralito para que no se prolongue más en el tiempo.

El jefe de este grupo ilegal, Gabriel Yepes Mejía “HH”, disidente del ELN enfatizó en el rompimiento de relaciones con esa estructura, operando de forma “autónoma” y sin “directrices” desde el Comando Central.