D’arcy Quinn

Los ex magistrados Bustos, Ricaurte y Tarquino no han dado explicaciones. Se necesita Tribunal de Aforados y acabar con el contubernio entre política y justicia, dicen.

Revisará presuntas inconsistencias en las cuentas y supuestas donaciones más altas de lo permitido.

En Bogotá los problemas se presentan en la complejidad de unificar criterios entre tantos funcionarios, en Villavicencio la logística se ha hecho sobre el tiempo.

Tras contratar a un ex magistrado como su abogado, pretenden que la nación les pague $750.000 millones por incumplimientos y sobrecostos.

La actividad legislativa entró en un periodo de lentitud, tal vez por ser año electoral o por los coletazos de Odebrecht.

La organización rechazó 300 solicitudes a nombre de medios que no existen.