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Fiscalía de España apoya extraditar a EE.UU. al filántropo Chambers Jr por delitos de terrorismo

La vista de extradición se celebra este viernes y en ella el Ministerio Público apoyará la entrega del filántropo, mientras que el equipo de abogados que le asiste en España, del despacho del exjuez Baltasar Garzón, Ilocad, mostrará su rechazo.

Fergie Chambers Jr. Foto: Getty Images.

Fergie Chambers Jr. Foto: Getty Images. / NurPhoto

Fergie Chambers Jr. Foto: Getty Images.

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que acuerde la extradición a Estados Unidos del filántropo James ‘Fergie’ ‘Cox Chambers Jr, en prisión desde el pasado mes de julio y acusado por las autoridades norteamericanas de blanqueo y posible financiación a la organización terrorista Hamás.

La vista de extradición se celebra este viernes y en ella el Ministerio Público apoyará la entrega del filántropo, mientras que el equipo de abogados que le asiste en España, del despacho del exjuez Baltasar Garzón, Ilocad, mostrará su rechazo y subrayó “las discordancias detectadas” en la traducción al español de la documentación aportada por EEUU.

Estados Unidos reclama a Chambers Jr., detenido el pasado 10 de julio en Ibiza, por presunto blanqueo internacional de capitales por enviar fondos a Túnez y Palestina, que las autoridades estadounidenses creen que podrían haber terminado en manos de organizaciones terroristas. También se le reclama por conspiración dirigida a desórdenes públicos, por unos disturbios.

En el escrito en el que apoya la extradición, la Fiscalía se limita a constatar que se cumple el “principio de legalidad” de una extradición “amparada” por el tratado de extradición suscrito entre EEUU y España en 1970, otros acuerdos, y la Ley de Extradición Pasiva.

Rechaza que sea una acusación política y apunta que, en la legislación española, los delitos por los que se le acusa serían delitos de financiación del terrorismo, daños y/o desórdenes públicos terroristas o coacciones terroristas, y constitución e integración de un grupo u organización terrorista.

La documentación aportada por EEUU, y de la que se hace eco la Fiscalía, atribuye a Chambers Jr. haber participado en “actos de violencia directa” contra las instalaciones de una empresa fabricante de armamento israelí en Estados Unidos tras los atentados del 7 de octubre de 2023 perpetrados por la organización terrorista Hamás.

Se le acusa de comprar “candados, cadenas y cables flexibles que su habrían usado en el ataque”, de atarse a las puertas del edificio, de llamar a la protesta en redes sociales o de “dirigir” una reunión para organizar una “acción planificada” que buscaba cortar el tráfico y colgar pancartas desde la empresa.

El 20 de noviembre de 2023 numerosas personas se congregaron en torno a la empresa, algunas bloquearon el acceso al edificio, cuya fachada fue “vandalizada”, las ventanas estaban rotas y un candado impedía la entrada y salida, según los documentos de EEUU.

La defensa de Chambers Jr. ha argumentado que estos hechos ya fueron juzgados en EEUU, y en ellos otras personas fueron condenadas a unos 60 días de prisión; acontecimientos por los que las autoridades estadounidenses piden para el filántropo 5 años de cárcel, “lo cual demuestra el carácter desproporcionado de la solicitud”.

Las autoridades estadounidenses también le reclaman por transferencias que, según sostienen, buscaban “promover las actividades ilícitas anteriormente mencionadas y promover acciones violentas que beneficien a Hamás”.

Chambers Jr y su defensa han negado con rotundidad todas estas acusaciones y han expuesto que los fondos transferidos fueron destinados a un equipo de fútbol en Túnez y a la construcción de un horno y apoyo de hospitales en Palestina.

Han denunciado “mala fe” de Estados Unidos en la traducción que sustenta su reclamación para agravar los hechos y confundir a las autoridades españolas, sobre todo al vincular a Chambers con la “promoción de actividades terroristas”, algo que -subrayan- no está en los cargos, pero que EE.UU intenta armar.

Ante el juez, el filántropo denunció ser víctima de una persecución política de la administración Trump por apoyar la causa palestina.

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