MinEducación niega que el Gobierno busque acabar con el FOMAG y descarta derogar la ley que lo creó

La circulación de información sobre un supuesto proyecto de ley para acabar con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) llevó al Ministerio de Educación a pronunciarse. La ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda negó que el Gobierno esté promoviendo una iniciativa para eliminar este fondo o derogar la ley que le dio origen.

La funcionaria aseguró que el Ejecutivo no ha elaborado, radicado ni tiene previsto tramitar un proyecto para modificar la Ley 91 de 1989, que creó el FOMAG y estableció el marco para garantizar las prestaciones sociales de los docentes.

”El Gobierno nacional no tiene la intención de derogar esa ley ni de promover iniciativas que eliminen el FOMAG o desconozcan las conquistas sociales del magisterio“ afirmó la ministra.

La declaración se conoció este martes 3 de noviembre, durante una visita de Hoyos a la sede de Fiduprevisora - FOMAG Salud, en Bogotá. Según explicó, allí tuvo contacto directo con maestros y directivos, recibió quejas sobre la prestación de los servicios médicos y conoció de primera mano algunas de las dificultades que enfrenta el magisterio.

Fue durante esa visita cuando manifestó su sorpresa por la información que circulaba sobre el supuesto proyecto de ley. La ministra también aseguró que ya había comunicado al presidente de Fecode que el Gobierno no tiene instrucciones de impulsar una modificación de la Ley 91 de 1989.

¿Qué pasará con el FOMAG y los derechos de los docentes?

El pronunciamiento se produce en medio de la transición que comenzó este primero de noviembre, luego de que el Gobierno decidiera no renovar el contrato con Fiduprevisora, entidad que durante 36 años estuvo a cargo de la administración del Fondo.

Aunque el cambio abrió interrogantes sobre el futuro de la operación, el Ministerio insiste en que una cosa es la terminación del contrato con la fiduciaria y otra muy distinta la existencia del FOMAG y los derechos de sus afiliados.

Por eso, Hoyos aseguró que la salida de Fiduprevisora no pone en riesgo la atención en salud, las pensiones ni las cesantías de los maestros y sus familias.

La transición tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prorrogarse por otro más. Durante este periodo, el Gobierno deberá garantizar la continuidad de los servicios y avanzar en la definición del mecanismo para contratar una nueva fiduciaria mediante un proceso licitatorio.

”Este Gobierno es garante de los derechos fundamentales”, indic la ministra, quien insistió en que la Ley 91 de 1989 seguirá vigente.

Así, por ahora, el Ministerio descarta que exista una iniciativa gubernamental para acabar con el FOMAG.