Tribunal ordenó devolver Coosalud a sus dueños y frenar la intervención del Gobierno
La decisión dispuso suspender provisionalmente las medidas de la Supersalud y restablecer la administración de la EPS a sus propietarios
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La intervención estatal sobre Coosalud EPS recibió un nuevo revés judicial. El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó suspender provisionalmente las resoluciones con las que la Superintendencia Nacional de Salud tomó el control de la entidad y dispuso devolver su administración a sus propietarios, Jaime González Montaño y Natalia Largo González.
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La decisión fue adoptada por el magistrado Luis Miguel Villalobos, en medio de una disputa jurídica por el manejo de la EPS, cuya sede principal se encuentra en Cartagena y que atiende a cerca de tres millones de afiliados.
La solicitud fue presentada por la defensa de la Cooperativa Coosalud, que cuestionó los resultados de la intervención iniciada en noviembre de 2024. Para sustentar su petición, aportó informes de organismos de control que advertían sobre el deterioro financiero, el aumento de quejas y tutelas, las barreras de acceso a los servicios de salud y los cambios recurrentes en la dirección de la entidad.
En su análisis, el Tribunal consideró que el plan de acción de la intervención no había mostrado resultados satisfactorios frente a los objetivos de corregir las dificultades administrativas y económicas de la EPS.
La decisión también tuvo en cuenta los cuestionamientos de la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo sobre las condiciones de atención a los usuarios.
Con la medida cautelar, el despacho ordenó restablecer la situación administrativa anterior a la intervención, mientras se resuelve de fondo la acción popular que se encuentra en trámite. Esto significa que la decisión no representa todavía una sentencia definitiva sobre la legalidad de las actuaciones de la Supersalud.
