Navarro responde por pagos cuestionados en Coosalud y señala irregularidades en recursos de salud

María José Navarro, exsuperintendente de la Economía Solidaria, respondió a los cuestionamientos por pagos en casinos y establecimientos nocturnos registrados en cuentas de Inversiones Portichelly, una empresa de confección de uniformes vinculada a la Cooperativa Coosalud. Aseguró que los movimientos o hallazgos denunciados nuevamente, ya habían sido denunciados ante la Fiscalía General de la Nación en febrero de 2026 y negó que correspondieran a recursos del sistema de salud.

“Lo que presentan como un escándalo y una denuncia ya fue denunciado por la intervención en febrero de 2026”, afirmó Navarro en entrevista con Caracol Radio.

Según explicó, las operaciones se realizaron desde cuentas de Portichelly, no de Coosalud EPS. También señaló que Jonathan Ortiz, quien administraba la empresa, fue retirado de su cargo después de conocerse los hechos y que la intervención puso las operaciones cuestionadas en conocimiento de la Fiscalía.

“Si alguien utilizó indebidamente esos recursos, que responda ante la justicia”, manifestó la exfuncionaria, quien insistió en que se debe diferenciar el manejo financiero de la empresa de las denuncias sobre los recursos de la salud.

Navarro señala presunto ocultamiento de pasivos por más de $400.000 millones

Más allá de los pagos cuestionados, Navarro sostuvo que las investigaciones sobre Coosalud deben concentrarse también en presuntas irregularidades financieras relacionadas con la administración de Jaime González.

La exsuperintendente aseguró que desde 2022 se alertó a la Fiscalía sobre operaciones que, según su denuncia, habrían permitido ocultar pasivos de la EPS superiores a los $400.000 millones. Entre los hechos que mencionó están presuntas compras simuladas de cartera, pagarés en blanco y movimientos entre empresas vinculadas a la cooperativa.

“Estamos hablando de cómo la EPS y el señor Jaime González [...] terminaron ocultando pasivos, ocultando 400 mil millones de pesos”, afirmó.

Según Navarro, estas operaciones habrían hecho que la situación financiera de la EPS pareciera más sólida de lo que realmente era. La exfuncionaria dijo que entregó un macroinforme a la Fiscalía y que lleva dos años denunciando estos hechos.

Sus declaraciones se relacionan con hallazgos y denuncias públicas sobre posibles operaciones financieras entre Coosalud EPS, la cooperativa y otras empresas vinculadas. Sin embargo, corresponde a las autoridades establecer cuáles operaciones fueron irregulares y determinar las responsabilidades individuales.

El crédito de $221.000 millones bajo cuestionamiento

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue un crédito de $221.000 millones relacionado con Coosalud Inversa. Navarro afirmó que el préstamo se habría presentado como una operación para capitalizar la EPS, pero que solo $40.000 millones habrían ingresado a sus cuentas.

“Lo cogieron para negocios privados, para comprar clínicas, para comprar edificios”, aseguró.

La exsuperintendente también sostuvo que el crédito terminó pagándose con recursos de la salud. Este punto tiene antecedentes públicos: Coosalud EPS actuó como garante de un préstamo otorgado a Coosalud Inversa y, tras el incumplimiento de la deuda, se ejecutaron recursos vinculados a la EPS para cubrirla. Pues indica que, las autoridades deberán esclarecer el recorrido de los recursos y las eventuales responsabilidades por las decisiones financieras que dieron lugar a la operación.

Navarro rechazó que el deterioro de los indicadores financieros de Coosalud se atribuya automáticamente a la intervención estatal. Según explicó, la intervención se produjo precisamente porque, a su juicio, los estados financieros de la EPS y de la cooperativa no reflejaban su situación real.

“Todos sabemos que la intervención se dio porque no estaban cumpliendo con las reservas técnicas y porque los estados financieros no eran los reales, la DIAN sabe que no eran lo resultados que anunciaban, estaban maquillados los estados financieros de la IPS para simular que la IPS era viable financieramente” concluyó.

En este punto es importante distinguir las dos entidades: la intervención de Coosalud EPS estuvo a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud, mientras que la de la Cooperativa Coosalud correspondió a la Superintendencia de la Economía Solidaria, entidad que dirigía Navarro durante parte de ese proceso.

Navarro denuncia amenazas sobre su vida íntima y sexual

Durante la entrevista, la exsuperintendente también afirmó sentirse intimidada por Julián Quintana, abogado de Jaime González. Según Navarro, el abogado habría amenazado con revelar información sobre su vida íntima y sexual.

“Mi vida privada no borra las denuncias que ya hicimos ante la Fiscalía”, expresó. También aseguró que no ha utilizado información íntima de otras personas y que seguirá exigiendo explicaciones sobre el manejo de los recursos de Coosalud.

Navarro agregó que hubo reuniones entre la Fiscalía, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y las dos superintendencias para abordar el caso. Dijo que la última reunión de la que tuvo conocimiento ocurrió quince días antes del cambio de Gobierno, aunque señaló que desconoce si las reuniones continuaron posteriormente.

La exfuncionaria insistió en que los pagos cuestionados en Portichelly no deben desviar la atención de las denuncias sobre las operaciones financieras de Coosalud. Se trata de asuntos distintos que requieren esclarecimiento: por un lado, el origen y uso de los recursos de la empresa de uniformes; por otro, el destino del dinero relacionado con el crédito y las presuntas operaciones para ocultar pasivos de la EPS.

La Fiscalía y los organismos de control deberán establecer qué ocurrió en cada caso, verificar las pruebas y determinar si existen responsabilidades individuales.