Gobierno rechaza atentado contra dos dragoneantes del INPEC en Barranquilla

Dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), identificados como Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín, resultaron heridos en un atentado cuando salían de su turno en el establecimiento penitenciario El Bosque, en Barranquilla. Ante lo ocurrido, el Gobierno nacional rechazó el ataque y las amenazas que, según información recibida, estarían dirigidas contra altos funcionarios del Estado y el personal penitenciario del país.

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A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC condenaron los hechos y expresaron su solidaridad con los dos funcionarios heridos, sus familias y compañeros. Asimismo, indicaron que mantienen especial atención a su evolución médica.

Amenazas contra el presidente en medio de traslados penitenciarios

Según el comunicado, los hechos se producen en medio de la circulación de mensajes intimidatorios relacionados con los recientes traslados de personas privadas de la libertad y de nuevas alertas sobre posibles acciones violentas contra autoridades y funcionarios del sector penitenciario.

Las amenazas, de acuerdo con la información recibida por las entidades, estarían dirigidas contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella; el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González; el director general del INPEC, Daniel Gutiérrez, y los hombres y mujeres que integran el Cuerpo de Custodia y Vigilancia.

No obstante, el Gobierno aclaró que la autenticidad, procedencia y alcance de estas intimidaciones, así como su posible relación con el atentado contra los dos dragoneantes, son materia de verificación.

Ante esta situación, las autoridades reforzaron las medidas preventivas de seguridad y autoprotección en coordinación con la Policía Nacional y otras entidades competentes, con el objetivo de salvaguardar la vida y la integridad de los funcionarios.

El Ministerio de Justicia y el INPEC también ratificaron que las medidas de traslado, vigilancia y control penitenciario continuarán ejecutándose conforme a la ley, en cumplimiento de las directrices presidenciales y con las condiciones de seguridad necesarias.

Finalmente, el Gobierno nacional solicitó a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

“Las amenazas son contra todos los niveles de nuestra institucionalidad, pero la respuesta del Estado debe ser una sola: unidad, firmeza y respeto por la ley”, señala el comunicado oficial.