En vilo proyecto campestre en Fusagasugá: Copropietarios y trabajadores piden solución

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) suspendió en el mes de Marzo del presente año, las actividades de explotación minera y construcción en un proyecto de vivienda campestre ubicado en la vereda Espinalito del municipio de Fusagasugá.

La entidad indicó en su momento, que el proyecto estaba deteriorando ambientalmente el entorno, según constataron profesionales de la Dirección Regional Sumapaz, que realizaron una inspección técnica.

Tras las investigaciones, se comprobó que en distintas áreas de los predios se han realizado intervenciones y movimientos de tierra que han alterado el relieve natural, impactando el recurso suelo.

Además, se constató que también se afectaron los cuerpos de agua, esenciales para la cuenca de la quebrada Espinalito y el río Cuja.

“Observamos con preocupación que, en el área de intervención, varias fuentes hídricas fueron modificadas y algunas perdieron su curso natural debido al movimiento de tierras y la adecuación de taludes, con lo que se comprometió su funcionalidad natural”, enfatizó la directora regional Sumapaz, Érika Álvarez.

De otro lado, trabajadores y compradores de Sueños Campestres reclaman una decisión sobre el proyecto. Sus representantes cuestionan la actuación de la CAR y sostienen que existen diferencias con los conceptos de la Agencia Nacional de Minería.

En total, cerca de 400 familias están afectadas, entre copropietarios y trabajadores.

En documentos conocidos por Caracol Radio, la Agencia Nacional de Minería, (ANM), ha descartado actividades de minería ilegal e impactos ambientales negativos en la zona.

Con ese argumento, cuestiona los fundamentos de la suspensión y reclama claridad sobre las competencias de las entidades involucradas.

“En consecuencia, el movimiento de tierras, considerado de manera aislada, no puede calificarse de forma automática como una actividad minera ni como una actividad de exploración o explotación ilícita de yacimientos mineros, toda vez que dicha determinación exige verificar, entre otros aspectos, si en desarrollo de las actividades ejecutadas existió extracción o aprovechamiento de minerales, la naturaleza y finalidad de las obras, el destino del material extraído y la existencia o no del correspondiente título minero u otra habilitación legal aplicable”, afirma el documento.

La Alcaldía de Fusagasugá expidió un certificado, indicando que en dicho lote no se encontró algún tipo de indicio de minería ilegal.

“Que una vez revisada la base de datos FUID, sistema de registro de información de los procesos que se tramitan en este despacho, a la fecha NO se encontró registro alguno de procesos activos por los comportamientos del artículo 104 y 105, “actividades que son objeto de control en el desarrollo de la minería”, que recaigan sobre sobre el proyecto Condominio Sueños Campestres en los predios Puerto Rico, Alicante Dos, Lote 2 y Lote 3, identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 157‑85799, 157‑103731, 157‑113251 y 157‑113252, ubicados en las veredas Espinalito”.

Mientras se discuten esos puntos, trabajadores y compradores han realizado manifestaciones pacíficas en las principales vías de Fusagasugá y solicitan una respuesta técnica definitiva y el levantamiento de la suspensión.

Las personas afectadas en este proyecto aseguran que no encuentran una respuesta definitiva y piden que no les sigan dilatando este proceso. Afirman que no hay minería ilegal en el sector.

“Vamos a interponer una queja disciplinaria ante la procuraduría, precisamente para poder sancionar a sus funcionarios que no están actuando en la manera en que legalmente deberían actuar”, asegura Zaira Useche copropietaria del proyecto.

Muchas familias invirtieron los ahorros de su vida en lotes y lujosas casas campestres personalizadas (con valores que superaban los $1.000 millones de pesos). Al congelarse las obras por la orden de la CAR, los compradores quedaron en un limbo financiero, con el temor de perder su dinero y sin saber si podrán recibir sus viviendas.

“La Car dice que están sellando la licencia urbanística, una cosa es la licencia urbanística y otra cosa es que a nosotros nos hayan mentido como dueño de los predios porque nosotros ya tenemos escrituras de los lotes. Entonces, sellan lo urbanístico, pero a nosotros nunca nos dicen que nosotros estamos dentro de ese sellamiento entonces no hay una respuesta”, reiteró Ingrid Mora, afectada del proyecto.

La comunidad reclama una salida transparente: conocer qué debe corregirse, qué condiciones permitirían reanudar las obras y en qué plazo habrá una decisión. La protección de los recursos naturales y la estabilidad de las familias exigen respuestas oportunas.

Constructora

Ronald de Jesus Yepes, Subgerente del Grupo Jr Constructora S.A.S encargada de la obra, aseguró que las perdidas ascienden a más de 10 mil millones de pesos por el cierre de la obra e indicó que esperan una solución de la CAR para los copropietarios y desarrolladores del proyecto.

Aseguró que no han cambiado el curso de ninguna fuente hídrica.