Carlos Torres destaca el fallo que anuló el empréstito por $230.000 millones en Boyacá

Tunja

El diputado de Boyacá Carlos Torres Aguirre se refirió al fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá que declaró la nulidad de la Ordenanza 026 del 6 de septiembre de 2024, mediante la cual se autorizaban empréstitos por $230.000 millones para financiar proyectos del departamento.

Torres señaló que uno de los principales argumentos de la demanda estuvo relacionado con los tiempos utilizados por la Asamblea para el trámite del proyecto y aseguró que no se garantizó el periodo establecido para la publicidad y participación ciudadana.

“Desde que la Gobernación de Boyacá radicó el proyecto en la Asamblea y cuando el presidente le asigna un ponente, al día siguiente le dan el primer debate. Los tiempos deben cumplirse como son, tiene que pasar un día completo para que el ponente organice el proyecto y para que le den la publicidad”, expresó Torres Aguirre.

El diputado sostuvo que, por tratarse de una autorización de crédito por $230.000 millones, era necesario garantizar que la ciudadanía pudiera conocer el proyecto y pronunciarse sobre la destinación de los recursos.

“No hubo el tiempo necesario ni la publicidad cuando tienen que colgar y darle la publicidad en la página oficial de la Asamblea de Boyacá para que las personas interesadas tengan la posibilidad de la participación ciudadana, de decir para dónde se van a invertir los recursos, en qué sectores”, añadió el diputado.

Torres también afirmó que durante el proceso judicial el Tribunal solicitó información tanto a la Gobernación como a la Asamblea sobre la ejecución de los recursos y el trámite surtido durante los debates.

“El Tribunal les pide pruebas a la Gobernación de cómo se han venido ejecutando los recursos, los 230 mil millones, y a la Asamblea de Boyacá cómo fue el proceso del primero y segundo debate, cuál fue la oposición, quienes votaron negativo y quiénes votaron positivo”, sostuvo.

Frente a la destinación de los recursos, el diputado aseguró que, según las cuentas que ha venido revisando, $85.000 millones estaban destinados a la compra de maquinaria, aunque manifestó que desconoce finalmente cuánta maquinaria fue adquirida. También mencionó recursos destinados a proyectos como Labranzagrande–El Morro y cambios de destinación para obras viales urbanas y convites comunales.

Torres agregó que la ordenanza establecía que la Gobernación debía presentar anualmente ante la Asamblea y la comunidad un informe detallado sobre la ejecución de los recursos, y afirmó que, según su declaración, ese informe no se habría presentado en los dos años transcurridos.

El fallo del Tribunal es de primera instancia y puede ser objeto de los recursos correspondientes. La decisión también ordenó suspender la ejecución de la ordenanza y abstenerse de celebrar nuevos contratos o ejecutar contratos financiados con los empréstitos autorizados por esta norma.

Tras conocerse el fallo en primera instancia, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, aseguró que apelará a esta sentencia ante el Consejo de Estado.