Alerta en el Catatumbo por reactivación de órdenes de captura contra jefes de disidencias
Organizaciones sociales advierten que la medida podría profundizar la confrontación armada.
Eliana Zafra, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. / Foto: Archivo.
Norte de Santander.
La reactivación de las órdenes de captura contra cabecillas de la disidencia de las Farc que hicieron parte de los procesos de diálogo con el Gobierno Nacional genera preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre una posible profundización de la confrontación armada en el Catatumbo.
Eliana Zafra, integrante de la Junta Nacional del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, señaló que la decisión debe analizarse teniendo en cuenta el impacto que podría generar en una región que completa 19 meses de confrontación armada.
“Nosotros recibimos esta noticia con un escenario de preocupación. Uno de los principales riesgos es que la medida termine sumando un nuevo escenario de confrontación a la crisis de seguridad que atraviesa la región”, aseguró Zafra a Caracol Radio.
Según explicó, mientras las operaciones de la Fuerza Pública se han concentrado principalmente en la confrontación contra el ELN, el Frente 33 había mantenido un proceso de diálogo con el Gobierno anterior.
Para la defensora de derechos humanos, el fin de ese escenario podría modificar las condiciones de seguridad en el territorio.
“Lo que va a permitir es obviamente un escenario de confrontación, es decir, que se va a sumar otro conflicto más fuerte en la región del Catatumbo y aquí la principal preocupación es la población civil”, afirmó.
Zafra advirtió que los efectos de una mayor confrontación podrían sentirse especialmente entre las comunidades, en medio de desplazamientos, confinamientos, amenazas contra líderes sociales y afectaciones a bienes civiles.
“Quienes en este momento se están viendo más afectados es la población civil”, señaló.
La integrante del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos también cuestionó las dificultades que, según indicó, persisten para la atención institucional de las víctimas en Norte de Santander, particularmente por la situación de las defensorías del pueblo y la limitada capacidad de las personerías municipales para responder a escenarios de victimización masiva.
Frente a la decisión del Gobierno Nacional, hizo un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que revise las experiencias de anteriores procesos y evalúe el impacto de las diferentes estrategias frente al conflicto armado.
“Es importante hacerle un llamado muy respetuoso al Gobierno de Abelardo en torno a invitarlo a que haga un análisis histórico de cuál ha sido la respuesta concreta y real que ha favorecido al país en materia de cómo abordar el conflicto”, manifestó.
La defensora también insistió en que cualquier estrategia debe poner en el centro a las comunidades y a la población civil, especialmente a los menores de edad que permanecen en riesgo de reclutamiento.
“Recordar que el conflicto armado no solamente afecta a la Fuerza Pública, afecta a la población civil”, sostuvo.
Finalmente, desde las organizaciones sociales defendió la búsqueda de salidas negociadas al conflicto, aunque reconoció las dificultades que implica adelantar procesos de paz con grupos armados.
“Negociar la paz no es fácil, es muy complejo”, dijo, pero consideró que los diálogos siguen siendo una alternativa para evitar una mayor pérdida de vidas en territorios como el Catatumbo.