Se cancela imputación de cargos contra concejales de Cali por el caso de elección de contralor
La Fiscalía traslada el proceso a Bogotá mientras que el abogado de Daniella Plaza y Rafael Andrés Escobar integrantes de la mesa directiva del Concejo denuncia que la situación es un “falso positivo judicial”.
Concejo de Cali
El abogado Julián Quintana Torres, apoderado de la presidenta de la Mesa Directiva del Concejo de Cali, Daniella Plaza, y del primer vicepresidente, Rafael Andrés Escobar, entregó declaraciones sobre el caso de la elección del contralor de Cali para el periodo 2026-2029, luego de que la Fiscalía General de la Nación decidiera reasignar la investigación a Bogotá y cancelar la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento que estaba prevista para esta semana contra sus representados.
Quintana Torres relató que la decisión surgió luego de un análisis técnico-jurídico interno de la Fiscalía: “la Fiscalía hizo un taller técnico jurídico con varios fiscales, con el vicefiscal, también la fiscal del caso. Y consideraron que en este caso había muchos criterios y también otras investigaciones que tenían unos resultados importantes para la ciudad. Lo que dice la Fiscalía es que, para evitar que haya contradicción de decisiones, teniendo en cuenta que hay otras investigaciones, unifica las investigaciones y todas se van para Bogotá", puntualizó el abogado.
“Un falso positivo judicial”, según el abogado de la mesa directiva
Para el abogado, el traslado del proceso evita lo que calificó como una “gran injusticia” contra la actual mesa directiva del Concejo, a la que responsabilizó de haber corregido irregularidades atribuidas a la junta directiva del 2025.
“Miren ustedes que una mesa directiva del año 2026 que se dedicó a corregir los defectos de la mesa directiva del año 2025 iba a terminar siendo la imputada, es decir, el mundo al revés. Las autoridades han documentado, con evidencias, que fue la mesa directiva del año 2025 quien cometió, según las autoridades y la propia Procuraduría, presuntas irregularidades en la selección del contralor, amarrando el concurso precisamente para que existiera un candidato que le sirviera a ellos", precisó Quintana Torres.
El abogado insistió en que la actual mesa directiva se limitó a ajustarse a lo exigido por los organismos de control y que, en su criterio, se intentó instalar una narrativa contraria a los hechos: “lo que hace esta mesa directiva es precisamente ajustarse a la demanda de la autoridad y corregir el proceso. Y entonces, cuando corrigen el proceso, ahora los malos iban a ser mis representados. Por eso es una distorsión del caso, donde se pretendió vender una idea falsa, que se estaba dañando un proceso, cuando, al contrario, se está corrigiendo un proceso, y eso hoy lo tiene la Fiscalía en investigación.”
Denuncias por presuntos montajes contra la mesa directiva actual
El abogado Quintana afirmó que la defensa cuenta con material probatorio como conversaciones, chats y otros elementos que señalaría a funcionarios del Concejo y de otras entidades públicas de haber pagado dinero para promover denuncias contra la presidenta y el vicepresidente, con el fin de entorpecer el proceso de selección del contralor, lo cual afirmó, será entregado en las próximas horas a la Fiscalía.
“Nos ha llegado una fuente muy buena de información, con conversaciones y fotografías, donde nos denuncian que funcionarios del Concejo, precisamente de esa mesa directiva, otros colegas y otros servidores públicos, dieron dinero para que fueran denunciados mis representados y así minar el proceso de selección”, dijo el abogado Julián Quintana.
La mesa directiva 2025, bajo investigación de la Fiscalía y la Procuraduría
El abogado también se refirió al estado de la investigación contra la junta directiva del Concejo correspondiente al año 2025, a la que atribuyó presuntas irregularidades en el proceso de selección del contralor.
"Esa mesa directiva del año 2025 es objeto hoy de investigación por parte de la Fiscalía y también de la Procuraduría, y hay elementos probatorios contundentes que dan cuenta de posibles irregularidades en esa selección o en ese proceso que pretendían sacar adelante", dijo.
Según explicó, la reasignación del caso a Bogotá busca precisamente evitar decisiones contradictorias entre ambos procesos.
“Implica, como bien lo dice la resolución firmada por la misma fiscal general, que van a evitar contradicciones en la decisión. ¿Qué garantiza la Fiscalía? Que, como hay una investigación muy avanzada en contra de la junta directiva del año 2025, no vaya a pasar que los que creemos que son los malos resulten siendo los buenos”.
La resolución de la fiscal general
Los dos hechos que menciona el abogado, el traslado del caso a Bogotá y el retiro de la audiencia de imputación, están respaldados por la Resolución No. 0-0220 del 30 de julio de 2026, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón.
El documento señala que el proceso contra Daniella Plaza Saldarriaga y Rafael Andrés Escobar González por presunto prevaricato, relacionado con la resolución que expidieron en 2026 y que anuló la terna para contralor de Cali definida en octubre de 2025, y que hasta ahora llevaba la Fiscalía 18 Seccional de Cali, pasa a la Fiscalía 06 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá.
Concejo de Cali
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Por otro lado, existe una constancia del Juzgado Quince Penal Municipal de Cali, del 31 de julio de 2026, en la que se confirma que la audiencia de imputación contra Plaza y Escobar, que estaba programada para el 5 de agosto, no se realizará, porque la Fiscalía pidió retirarla justo después de conocerse el traslado del caso a Bogotá.
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Andrea Mesa
Comunicadora social y periodista y licenciada en historia, egresada de la Universidad del Valle con...
