Piden declarar urgencia manifiesta en la vía Bucaramanga – San Gil por emergencia en Pescadero
El congresista Miguel Ángel Pinto pidió al Gobierno declarar la urgencia manifiesta y a la Procuraduría vigilar la contratación.
Foto: Caracol Radio
Ante la emergencia que mantiene restringido el paso por la vía Bucaramanga–San Gil, a la altura de Pescadero, el representante a la Cámara por Santander que recién tomó posesión, Miguel Ángel Pinto Rueda, solicitó al Ministerio de Transporte declarar la urgencia manifiesta para agilizar la contratación de las obras que permitan estabilizar el corredor vial y recuperar la movilidad.
La petición fue radicada mediante una comunicación dirigida a la ministra de transporte, en la que argumenta que la socavación provocada por el río Chicamocha en el kilómetro 53 continúa afectando la conectividad entre Bucaramanga, el sur de Santander y el centro del país. Además, señala que la restricción al tránsito de vehículos de carga ha generado mayores tiempos de desplazamiento y sobrecostos para el transporte de mercancías.
En el documento, Pinto solicita que el Gobierno Nacional aplique la figura de urgencia manifiesta, contemplada en la Ley 80 de 1993, para adelantar de forma expedita la contratación de las obras de estabilización, mitigación y recuperación de la vía. También pidió que se le remitan los actos administrativos y documentos relacionados con las decisiones que se adopten frente a la emergencia.
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De manera paralela, el congresista radicó una solicitud ante la Procuraduría General de la Nación para que ejerza vigilancia preventiva sobre las actuaciones administrativas y contractuales relacionadas tanto con la atención de la emergencia como con el programa Vías para la Paz, luego de la adjudicación de contratos por $8,7 billones anunciada por el Invías el pasado 23 de julio.
El representante a la cámara por Santander afirmó que la situación de la vía requiere medidas inmediatas para evitar un mayor impacto sobre la economía regional y pidió que el proceso de contratación esté acompañado por organismos de control para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.