ICBF defiende legalidad de proceso de adopción y rechaza politización que involucra a menor de edad

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, hizo un llamado a la prudencia frente al caso de presunto abuso sexual en contra de un menor de edad en el norte de Bogotá por parte de un ciudadano norteamericano.

“Agradezco nuevamente la indignación frente a una válida preocupación ciudadana por un presunto abuso, la alerta siempre es buena, hemos comunicado lo que va de avance y lo seguiremos haciendo”, manifestó la funcionaria.

En ese sentido, Cáceres reiteró que el proceso se encuentra en investigación y aseguró que la prioridad es garantizar el bienestar de el niño de 4 años y el de sus dos hermanos de 7 y 15 años.

“Tenemos reporte preliminar de tranquilidad, sin embargo, hay que esperar las entidades investigadoras y los resultados”, señal a través de sus redes sociales.

Por otra parte, la directora también aprovechó para cuestionar lo que calificó como una utilización política del caso en plena temporada electoral.

“Lo que no es posible es la utilización política que algunos están haciendo sin saber del caso, y sin esperar los tiempos y procesos”, afirmó.

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Proceso de adopción

En medio de la controversia, el ICBF emitió un pronunciamiento en el que defendió la legalidad de las actuaciones adelantadas, pues estos menores involucrador estaban siendo parte de un proceso de adopción por una familia estadounidense.

La entidad indicó que el proceso de adopción en Colombia se desarrollan bajo estrictos estándares legales, técnicos y judiciales orientados a garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer en una familia cuando no es posible su permanencia en su entorno de origen.

Según la entidad, la adopción constituye una medida definitiva de restablecimiento de derechos y solo puede decretarse una vez se han agotado las actuaciones de protección y búsqueda de familiares garantes previstas por la ley.

Respecto al caso que ha generado debate público, el instituto indicó que el grupo de hermanos ingresó al sistema de protección en 2022 luego de que se identificaran situaciones que comprometían el ejercicio pleno de sus derechos. Posteriormente, la autoridad administrativa declaró su situación de adoptabilidad y la decisión fue sometida a control judicial.

“El juzgado competente homologó la declaratoria de adoptabilidad conforme a lo establecido en la normatividad vigente”, señaló el ICBF, que enfatizó que las decisiones cuentan con garantías procesales y supervisión judicial cuando existe oposición de las partes involucradas.

La entidad también explicó que, ante la imposibilidad de encontrar una familia adoptante en Colombia, los menores fueron presentados a un organismo internacional autorizado para su valoración, en el marco de los procedimientos contemplados por el Convenio de La Haya y el Código de Infancia y Adolescencia.

De acuerdo con la entidad, durante todas las etapas del proceso los niños han contado con acompañamiento permanente del organismo internacional autorizado para la adopción, de la institución habilitada para desarrollar programas de adopción y del propio ICBF.

La entidad recordó además que los procesos de adopción están protegidos por reserva legal para salvaguardar la intimidad, la dignidad y los derechos de los menores involucrados.

En ese sentido, Cáceres advirtió sobre las consecuencias de la exposición pública de este tipo de casos.

“La política no se hace con las historias de niños, ni agreguen especulaciones escabrosas sobre la institucionalidad que pueden afectar procesos vitales de muchos niños y niñas que no tienen ninguna relación con lo electoral”, indicó la directora de la entidad.