“Lamento tener que responder por otro profesional”: ministra de Cultura por contratos de su hermano

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, respondió a los cuestionamientos que han resurgido por los contratos que su hermano, Salim Kadamani, ha suscrito con entidades del Estado por más de 383 millones de pesos, según los reportes identificados. La funcionaria afirmó que el tema ya había sido aclarado anteriormente y defendió que se trata de un profesional independiente que puede contratar “como cualquier ciudadano”.

En respuesta con Carcol Radio, la ministra señaló que entiende el escrutinio que implica ejercer un cargo público, pero cuestionó tener que responder por decisiones laborales de un familiar. “Mire, yo entiendo que ser funcionario público también implica la veeduría pública ... Yo lamento que yo sea la que tenga que responder por un profesional que cuenta con trayectoria propia para acceder como cualquier otro ciudadano a ser contratista del Estado”, dijo la funcionaria.

Los contratos que originan los cuestionamientos

El debate volvió a tomar fuerza luego de que se conociera que presuntamente Salim Kadamani había firmado varios contratos con entidades estatales desde 2025. De acuerdo con información recopilada en plataformas oficiales de contratación pública, el diseñador y gestor de modas habría suscrito cuatro contratos bajo la modalidad de prestación de servicios.

Entre ellos figuran acuerdos con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Solo entre febrero de 2025 y enero de 2026, los documentos rastreados sumarían más de 383 millones de pesos.

Uno de los contratos más recientes fue firmado el 30 de enero, un día antes de la entrada en vigor de restricciones asociadas a la Ley de Garantías electorales. Este acuerdo, por cerca de 120 millones de pesos, tiene como objeto prestar servicios profesionales para apoyar actividades relacionadas con la gestión cultural.

Además, registros públicos señalan que el contratista suscribió previamente acuerdos por valores superiores a los 50 millones y 137 millones de pesos para labores administrativas y de comunicación dentro de la Dirección de Apropiación del MinTIC.

Las críticas y el contexto político

El caso fue mencionado en redes sociales por figuras políticas como Daniel Briceño, quien cuestionó la firma de contratos cerca de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Esa normativa busca evitar el uso de recursos públicos para favorecer intereses electorales durante periodos preelectorales.

También han surgido cuestionamientos sobre la experiencia del contratista en áreas específicas de apropiación digital, un tema que ya había sido señalado en publicaciones anteriores de otros medios.

La defensa de la ministra

Frente a estas críticas, la ministra reiteró que no existe ilegalidad ni conflicto de interés. En un mensaje publicado en su cuenta personal, sostuvo que ha actuado con transparencia y que el caso “ya fue aclarado públicamente”.

“Se entiende que el ejercicio del servicio público implica el escrutinio público y lo asumo con transparencia. Sí, es mi hermano y es contratista del Estado como miles de profesionales que hoy prestan sus servicios de manera legítima”, expresó la ministra.

La funcionaria añadió que las cifras difundidas estarían “infladas y fuera de contexto” y aseguró que el debate debe centrarse en su gestión y resultados dentro del sector cultural.

Además, la ministra insiste en que la discusión debe darse en el marco institucional y no en cuestionamientos personales, mientras el caso sigue siendo objeto de seguimiento público y mediático.