Neiva

20 municipios del Huila están en riesgo electoral, según la Misión de Observación Electoral

Denuncias por presuntas presiones a contratistas en Neiva y alertas por constreñimiento marcan la agenda de paz electoral en el departamento.

Comerciantes, empresarios, líderes juveniles y medios de comunicación participaron en la rueda de prensa sobre paz electoral convocada por la Procuraduría Regional del Huila en el auditorio de la Cámara de Comercio del Huila.

Veinte municipios del Huila presentan algún nivel de riesgo electoral, según la Misión de Observación Electoral (MOE), cifra que fue confirmada y analizada durante la rueda de prensa sobre paz electoral convocada por la Procuraduría Regional en el auditorio de la Cámara de Comercio del Huila.

El procurador regional, Jorge Antonio Vásquez, señaló en entrevista con Caracol Radio Neiva que el principal riesgo identificado en el departamento es el constreñimiento al elector por parte de grupos al margen de la ley en algunos sectores del territorio.

“Definitivamente el mayor riesgo que hoy tenemos en el Huila es el constreñimiento que han podido ejercer en algunas regiones del departamento”, afirmó el funcionario.

Aunque precisó que en la Procuraduría no reposan denuncias formales radicadas por compra de votos, indicó que se adelanta seguimiento oficioso a reportes ciudadanos y publicaciones difundidas en medios y espacios institucionales.

El diputado Omar Alexis Díaz pidió revisar alertas en Río Negro, inspección de Íquira, y en Valencia, centro poblado del occidente del Huila, donde, según señaló, existirían preocupaciones por posibles presiones al electorado. El procurador indicó que estos casos serán analizados en el Comité de Seguimiento Electoral.

Por su parte, el presidente de la Asamblea del Huila, Edwin Barajas, solicitó regionalizar los espacios de pedagogía electoral hacia municipios como La Argentina, La Plata y Pitalito, y expresó preocupación por posibles prácticas de compra de votos y por el impacto de la desinformación digital en el proceso democrático.

Desde el sector empresarial, la gerente de la Cámara de Comercio del Huila, Lina Carrera, destacó la articulación institucional para garantizar la tranquilidad en el proceso electoral y confirmó la llegada al departamento del Grupo de Caballería Liviano GRULI 11, conformado por tres pelotones, cerca de 60 uniformados y tres vehículos blindados, dos tipo Hunter y uno tipo BAT.

Su misión será apoyar las operaciones militares y reforzar la seguridad en los ejes viales estratégicos del Huila, para fortalecer acciones preventivas en este periodo electoral.

En el mismo contexto electoral, el concejal de Neiva César Oviedo denunció públicamente en el Concejo presuntas presiones a contratistas de la ESE Carmen Emilia Ospina para recolectar firmas en planillas con el fin de favorecer aspiraciones al Congreso.

Según lo expuesto por el cabildante, existirían planillas, mensajes de WhatsApp y material gráfico que harían referencia a campañas políticas, en las que aparecerían los nombres de Nadia Blel (Senado) y Rodrigo Amaya (Cámara).

Oviedo manifestó que su intervención tuvo como objetivo poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que sean investigados y negó que se trate de un ataque político.

Frente a las presuntas situaciones de constreñimiento, presión o compra de votos en el Huila y en Neiva, el procurador regional Jorge Vásquez aseguró que ya se adelantan revisiones en algunos casos puntuales y reiteró que la clave está en la articulación institucional, especialmente con la Fiscalía General de la Nación.

El funcionario reconoció que no siempre es fácil avanzar con la celeridad esperada debido a las reservas propias de las investigaciones penales, pero insistió en que la ley obliga a las entidades de control a coordinar acciones en escenarios como el Comité Regional de Moralización y los Consejos de Seguridad.

Además, confirmó que la semana pasada se reunió con los 39 personeros bajo su competencia, con el fin de fortalecer la recepción de denuncias en todo el territorio y garantizar que los ciudadanos puedan reportar de manera segura cualquier hecho que afecte la libertad del voto.

“El ciudadano debe sentir seguridad para denunciar. Si no hay percepción de seguridad, hay miedo, y el miedo favorece las irregularidades”, concluyó.