Denuncian reactivación de minería de carbón pese a riesgos ambientales en Turmequé
Comunidad advierte riesgos para el agua y el territorio por extracción de carbón en zona inestable
Habitantes exigen estudios ambientales, socialización y respuestas claras de las autoridades
Turmequé
La reactivación de la extracción de carbón en el municipio de Turmequé generó una fuerte denuncia por parte de la comunidad y de la veeduría ambiental local, que advierte graves riesgos para el agua, el suelo y la estabilidad del territorio. A pesar de investigaciones sancionatorias en curso y antecedentes de afectaciones ambientales, las autoridades habrían levantado las suspensiones sin garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales ni informar de manera transparente a la comunidad.
Según explicó María Elisa Mora Calderón, veedora ambiental de Turmequé, tanto Corpochivor como la Agencia Nacional de Minería permitieron el reinicio de la actividad minera sin que se hayan presentado públicamente estudios actualizados de impacto ambiental, planes de cierre y abandono, ni procesos de socialización con los habitantes del sector. “La propia autoridad ambiental reconoce que existe una investigación sancionatoria contra la empresa minera, lo que demuestra que los incumplimientos no han sido resueltos. Aun así, se permite la explotación de carbón como si nada hubiera pasado”, afirmó.
La veedora recordó que Turmequé es un territorio agrícola, hídrico y cultural, y que la zona donde se ubica la mina está clasificada como de alto riesgo de remoción en masa, según el POMCA del río Garagoa. “Ese sector está marcado en rojo. El estudio reconoce que el suelo es inestable y que cualquier intervención profunda puede generar deslizamientos y colapsos”, señaló Calderón, al advertir que en el pasado ya se han registrado emergencias que bloquearon el río Albarracín, destruyeron viviendas campesinas y dejaron tierras agrícolas inservibles.
De acuerdo con la veeduría, varias familias perdieron su territorio y su sustento tras esos eventos, lo que incrementa la preocupación por la reactivación de la mina. “El carbón no puede valer más que el agua, las montañas y la vida de las comunidades rurales”, insistió.
La veedora aseguró que desde hace más de tres años han interpuesto múltiples derechos de petición ante la Agencia Nacional de Minería, Corpochivor, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Ambiente, sin obtener respuestas claras sobre el estado de la licencia ambiental ni sobre los estudios técnicos que respalden la reactivación de la explotación. Asimismo, indicó que el levantamiento de la suspensión estaría relacionado con una acción de tutela interpuesta por los propietarios de la mina, decisión que, según dijo, se habría tomado sin un análisis profundo del riesgo ambiental existente.