Descubren fraude de gas natural en zona industrial de Bogotá: afectaba consumo de más de 580 hogares
Grupo Vanti detectó una manipulación ilegal en la red de gas por parte de una empresa textil en el occidente de la ciudad. La compañía advirtió que estas prácticas pueden acarrear penas de hasta 12 años de prisión y extinción de dominio.
Descubren fraude de gas natural en zona industrial de Bogotá: afectaba consumo de más de 580 hogares / Vanti
Colombia
Grupo Vanti, empresa distribuidora y comercializadora de gas natural y soluciones energéticas, reportó que tras un operativo realizado en el occidente de Bogotá identificó un caso de fraude de gas natural en la zona industrial de Montevideo.
Según la compañía, una empresa del sector textil habría manipulado la red de distribución con el objetivo de evadir el medidor y usar el gas directamente para el funcionamiento de sus equipos de producción.
El cálculo de la pérdida mensual asciende a más de 14.000 metros cúbicos, una cantidad equivalente al consumo promedio de 580 hogares.
También se detectó fraude en el suministro de agua
Durante la inspección, Vanti encontró además que la misma empresa había realizado un fraude en la conexión de agua, situación que fue ocultada con lonas y materiales de construcción, a una profundidad superior a un metro.
Estos hallazgos fueron documentados y entregados a las autoridades competentes para iniciar los respectivos procesos judiciales.
Sanciones por manipular redes de gas
La compañía recordó que este tipo de acciones constituyen un delito.
“Las personas que hagan uso de estas prácticas pueden someterse a penas que van desde seis hasta doce años de prisión”, advirtió Vanti.
Además, la empresa señaló que quienes cometan fraudes energéticos se exponen a procesos de extinción de dominio sobre los bienes en los que se detecten las irregularidades.
Llamado a la denuncia
Vanti reiteró su llamado a la ciudadanía para reportar cualquier caso sospechoso de manipulación o hurto de gas, ya que además del impacto económico, estas prácticas representan un riesgo grave para la seguridad de los trabajadores, las comunidades vecinas y las redes de servicio público.