La Procuraduría entrega 256 recomendaciones para superar los rezagos del acuerdo de paz de 2016
El Ministerio Público presentó al Congreso su séptimo informe de seguimiento a lo pactado con las Farc
Procuraduría General de la Nación imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sergio Acero
Bogotá
El Ministerio Público hizo entrega al Congreso del séptimo informe de seguimiento al Acuerdo Final de Paz firmado en el año 2016 con las entonces Farc. El documento recoge 256 recomendaciones dirigidas a las entidades competentes, con el propósito de superar los principales rezagos detectados.
Las evidencias de la Procuraduría
En el informe se deja ver la baja ejecución de recursos financieros tanto del Presupuesto General de la Nación por $8.4 billones, en especial, por parte de las entidades adscritas al sector de agricultura y desarrollo rural, y los rezagos en los avances físicos y financieros de los 321 proyectos aprobados con recursos de regalías y de los $2,7 billones de recursos sin programación del Fondo Colombia en Paz.
En materia de acceso a tierras, se advierte un cumplimiento muy bajo en los procesos de adjudicación de predios a campesinos sin tierra. De la meta de tres millones de hectáreas, solo se ha avanzado en un 1,19 %, pese a que el Gobierno ha incorporado alrededor de 600 mil hectáreas al Fondo de Tierras.
El principal reto, según el documento de la Procuraduría es garantizar la adjudicación definitiva de los predios, muchos de los cuales permanecen bajo figuras provisionales, lo que limita el impacto real de la política en las comunidades rurales.
Lo que destaca el informe
Se destacan puntos como la consolidación del Sistema Nacional de Reincorporación y la normatividad que habilita el reconocimiento de las Áreas Especiales de Reincorporación para los excombatientes de las antiguas Farc.
También hace un llamado al Gobierno Nacional a acelerar la renegociación de proyectos productivos y la entrega de beneficios del Programa Nacional Integral de beneficios del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos, que involucra a más de 99 mil familias.
Este informe constituye un balance integral de los avances y dificultades en la implementación, a pocos meses de cumplirse nueve años de la firma del Acuerdo Final de Paz.
