Veeduría de la Transversal de Boyacá interpone tutela contra Invías por incumplimiento de acuerdos
La Veeduría de la Transversal de Boyacá denunció incumplimientos del Invías en el contrato de mantenimiento vial firmado en 2021, y radicó una acción de tutela para exigir atención a cuatro puntos críticos
La Veeduría de la Transversal de Boyacá denunció incumplimientos del Invías en el contrato de mantenimiento vial firmado en 2021
Boyacá
La Veeduría Ciudadana de la Transversal de Boyacá radicó una acción de tutela contra el Instituto Nacional de Vías (Invías), argumentando incumplimientos reiterados en los compromisos pactados para el mantenimiento y mejoramiento de esta importante vía que conecta a la provincia de Lengupá con el resto del departamento.
Sergio Acero, representante legal de la veeduría, explicó que desde 2021 se firmó el contrato número 973 de ese año, por un valor de 346.000 millones de pesos, destinado a la intervención de varios tramos de la Transversal de Boyacá. De ese total, se adjudicaron 19.000 millones para un tramo específico entre los municipios de Moniquirá y Miraflores.
“Desde ese momento conformamos la veeduría para hacer seguimiento a los recursos públicos. Hemos sostenido mesas de trabajo con Invías y se han pactado compromisos claros, incluidos recursos adicionales por 5.000 millones de pesos”, afirmó Acero.
Sin embargo, denunció que cuatro puntos críticos de la vía siguen sin intervención, lo que pone en riesgo la comunicación terrestre de la provincia de Lengupá. “Ayer ocurrió un deslizamiento en el sector de la quebrada Honda, sobre el cual Invías había prometido enviar maquinaria desde febrero, pero hasta hoy no se ha hecho nada”, indicó.
La situación se agravó el pasado 16 de mayo, cuando Invías no asistió a una reunión programada con la comunidad en el municipio de Miraflores, sin dar explicación alguna. Según Acero, esto refleja el desinterés del instituto frente a las necesidades de la región.
“Cuando cambia el director de Invías, los compromisos anteriores se pierden. Con el exdirector Juan Carlos Montenegro teníamos comunicación constante, pero con la nueva dirección no ha habido voluntad ni gestión”, puntualizó el vocero de la veeduría.
La acción de tutela busca proteger los derechos fundamentales de las comunidades de la provincia, afectadas por el deterioro progresivo de la vía. “Si no somos escuchados institucionalmente, tristemente tendremos que acudir a las vías de hecho”, advirtió Acero.