Decreto 0302 de 2025 para el día cívico: ¿qué dice? Así regirá el 18 de marzo
La Presidencia de la República expidió el decreto que establece las condiciones que aplicarán este martes. Acá le contamos los detalles.
Decreto de día cívico y al fondo una bandera de Colombia en una jornada de manifestación (Fotos vía Getty Images y COLPRENSA)
Este martes, 18 de marzo, se vivirá una jornada de marchas a nivel nacional, convocada por el presidente Gustavo Petro en apoyo a la consulta popular en la que busca apoyo por parte de la ciudadanía colombiana a sus reformas sociales. En ese sentido, la Presidencia de la República en las últimas horas expidió el Decreto 0302 de 2025, con el que se establece que este martes será día cívico en Colombia y las condiciones que regirán en la jornada.
Por ese motivo, aquí le contamos los detalles de este decreto y otras disposiciones para esta jornada:
Esto es lo que dice el decreto
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El Decreto 0302 de 2025, por el cual se declaró día cívico este 18 de marzo, indica que esta declaración se hace para “garantizar el legítimo derecho de la ciudadanía de expresarse públicamente en favor de las reformas sociales que mejoren su vida y garanticen su dignidad”.
Sobre el alcance, la norma indica que será una medida obligatoria para las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional, siendo considerado este día como no hábil en el ámbito laboral.
A su vez, menciona que las autoridades territoriales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, “adoptarán las medidas apropiadas para facilitar a las personas el ejercicio del derecho de manifestarse y reunirse”, aunque varios mandatarios locales han rechazado esta propuesta del Gobierno.
No obstante, en su artículo 3 menciona que las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, y a las ramas del poder legislativo y judicial, pueden ser autónomas en decidir si establecen o no como día hábil este 18 de marzo.
¿Quiénes están exentos de la aplicación de este decreto?
Por último, este documento señala que la medida no aplicará para las entidades y funcionarios que, por la naturaleza de sus funciones, tienen como objetivo la prestación de servicios públicos esenciales, tales como Policía, salud pública, emergencias, atención y prevención de desastres, movilidad, seguridad y orden público.
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