Al Oído: Miranda lidera demanda contra Gobierno por arriesgar el patrimonio y la seguridad del país

La representante a la Cámara, Katherine Miranda, junto a veinticuatro congresistas más, ha interpuesto una acción popular en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por la expedición del Decreto No. 0069 de 2025, que ordena el aplazamiento de 4.4 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación, afectando directamente proyectos de infraestructura estratégicos como el metro de Bogotá, el metro de Medellín y vías nacionales clave.

“El Gobierno está jugando con el futuro de millones de colombianos. Este decreto es una amenaza directa a proyectos vitales para la movilidad y la seguridad del país”, afirmó Katherine Miranda, principal impulsora de la acción judicial.

La demanda, presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumenta que el decreto vulnera los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público, ya que su implementación puede generar incumplimientos en los compromisos adquiridos y millonarias demandas contra el Estado.

¿Cuáles son las afectaciones que advierten los congresistas?

• Retrasos en megaproyectos de movilidad: El aplazamiento de recursos impacta directamente el desarrollo de los metros de Bogotá y Medellín, así como importantes vías nacionales, generando sobrecostos y obstaculizando el desarrollo de infraestructura clave para los ciudadanos.
• Riesgo para la seguridad nacional: La medida afecta la asignación de fondos al Ministerio de Defensa, poniendo en riesgo la operatividad de la Fuerza Pública y la seguridad del país.
• Millonarios sobrecostos y posibles demandas: Al incumplir con los contratos vigentes, el Gobierno se expone a demandas de contratistas, penalizaciones económicas y la pérdida de inversiones ya realizadas.

Katherine Miranda y los congresistas firmantes de diferentes partidos políticos, piden al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordene la modificación inmediata del Decreto 0069 de 2025, protegiendo los derechos colectivos y reasignando los aplazamientos a rubros que no afecten la infraestructura ni la seguridad del país, tales como:

• Reducción de gastos en embajadas (estimados en 60 mil millones de pesos).
• Ajuste en el presupuesto del Ministerio de la Igualdad (que maneja aproximadamente 700 mil millones de pesos y presenta funciones duplicadas con otras entidades del Gobierno).
• Disminución de contratos innecesarios (que suman alrededor de 2 billones de pesos anuales).

Mientras se adelanta el proceso judicial, los congresistas también solicitarán una medida cautelar de suspensión provisional del Decreto, con el fin de garantizar que los recursos sigan asignados a los proyectos estratégicos y no se ponga en riesgo el desarrollo del país.

“El Gobierno tiene otras alternativas para reducir el gasto sin afectar las obras que millones de colombianos esperan. No podemos permitir que decisiones improvisadas terminen costándonos más caro a futuro”, enfatizó.

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