El peaje debió levantarse en 2013: Comité de Puente Amarillo tras 124 días de protestas

El vocero del Comité ‘No más peaje ilegal Puente Amarillo’, Jerson López, estuvo tras los micrófonos de 6AM para exponer sus puntos de vista sobre cómo avanza el proceso para encontrar una solución ante el cobro de este peaje.

López afirmó que el peaje en cuestión ya cumplió su objeto contractual. Explicó que el mismo se creó en 1993 para construir un puente que da acceso a la ciudad de Villavicencio y debía durar 20 años.

Según el vocero, el contrato se venció en 2013, pero en lugar de quitarlo, lo mantuvieron y lo han seguido cobrando de manera irregular hasta la fecha. “El puente ya se construyó, ya se cumplieron los 20 años, y no lo quitaron”, dijo.

Adicionalmente, expresó que quieren adicionar el peaje al proyecto vial 4G Villavicencio-Yopal, pero no se ha constituido legalmente. Nosotros estamos pidiendo que sea retirado porque ya cumplió su función.

¿Por qué manifiestan que es un peaje ilegal?

López hizo énfasis en que este peaje no tiene las actas de socialización con la comunidad, ni los estudios técnicos, financieros y operativos que debe tener para un proyecto vial.

“Tuvimos que interponer una acción popular en 2019 que ya lleva casi cinco años sin resolverse en el Tribunal Administrativo del Meta, donde estamos denunciando su ilegalidad”, agregó.

López dijo que el dinero recaudado desde 2013 sigue inmovilizado, ya que el nuevo proyecto, que incluye la doble calzada, aún no se ha entregado y se espera para el próximo año.

Resaltó que, al completarse, el peaje subiría de 5,000 a 8,200 pesos, lo que afectaría gravemente a los municipios de Restrepo y Cumaral. Por este motivo, llevan 124 días de protesta.

¿Este peaje ayudaría a mejorar la seguridad en el departamento del Meta?

El vocero sostuvo que los peajes no son controles de seguridad y que tienen la función de recaudar dinero para cumplir un contrato. “Si quieren hacer controles de seguridad, pueden asignar personal de la policía sin problema”, agregó.

Adicionalmente, expresó que, a diferencia del sur, los municipios de Restrepo y Cumaral son muy seguros. “Nosotros no tenemos ese tipo de problemas como en otros sectores del Meta. Son municipios muy acogedores, tranquilos y de los más seguros del departamento”, añadió.

¿Han continuado los diálogos con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)?

López comentó que tuvieron mesas de concertación hace tres semanas. Dijo que en las reuniones, no se han hecho propuestas diferentes a la de la tarifa de 8200 pesos. “Nosotros les hemos demostrado que, en otros lugares del país, han podido levantar peajes o suspender tarifas”, afirmó.

Agregó que han solicitado la suspensión de la tarifa mientras se resuelve la acción popular, pero dijo que no han querido acceder a las propuestas.

Finalmente, manifestó que dentro del proceso, los tiempos han sido complicados. “La radicamos hace más de cinco años y no avanzó. Fue hasta que empezamos el plantón que se empezó a mover. Calculamos que, máximo, en cuatro meses podría haber un fallo por parte de la magistrada”, concluyó López.