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Gobernadores piden a Congreso que apruebe la reforma al Sistema General de Participaciones

El proyecto de acto legislativo está para último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Imagen tomada de twitter: @FNDCol

Colombia

A través de una carta los gobernadores, representados en la Federación Nacional de Departamentos, respaldaron la reforma al Sistema General de Participaciones y pidieron al Congreso de la República que le de el visto bueno y les permita participar de la discusión.

“Animamos al Congreso de la República a dar ese paso fundamental, y les solicitamos respetuosamente, se nos permita a los gobernadores de Colombia asistir y participar el próximo lunes 2 de diciembre de 2024 al debate en la Cámara de Representantes, para manifestar de viva voz nuestro respaldo unánime a esta, la reforma constitucional más importante que ha discutido el país en las últimas décadas”, señala la carta.

Los mandatarios departamentales aseguraron que son conscientes de las críticas que ha recibido la iniciativa y que entienden que se requiere, en caso de que se apruebe esta reforma, una ley de competencias que, dicen, también apoyarían.

“Le rogamos al Congreso de la República que dé ese paso trascendental. Entendemos que ha habido críticas al proyecto por un posible impacto fiscal si no se modifica la estructura del Estado, y desde ya, los gobernadores enfatizamos nuestro compromiso para que esa transformación se dé a través de la formulación de la Ley de Competencias. Estamos dispuestos a participar activamente en la discusión que se desatará en el país en los próximos dos años para rediseñar las cargas del Estado, convencidos de que un Estado con unas cargas mejor distribuidas entre los distintos niveles de gobierno será un Estado más eficiente y eficaz al atender las necesidades de la población”.

La Federación Nacional de Departamentos, que insiste en que es necesario aprobar este proyecto para fortalecer la autonomía territorial, también señala que el articulado requiere algunos ajustes. Mencionan tres puntos:

1. La reforma no prioriza los recursos para atender adecuadamente las competencias transferidas a los territorios durante estos 33 años y cubrir los déficits estructurales existentes en sectores como educación, salud y agua potable.

2. Las nuevas obligaciones asociadas con la descentralización de competencias en educación superior, sustenta la necesidad de retomar el espíritu de la Constitución del 91 y retornar a la redacción inicial del proyecto en este asunto.

3. Se debe proteger la autonomía y garantizar que no sean utilizadas a futuro la sostenibilidad fiscal, el Marco Fiscal, el PGN y el aval de MHCP, para justificar retrasos o limitaciones en las transferencias.