Contraloría revela 20 irregularidades en la Caja Promotora de Vivienda Militar

La Contraloría presentó un informe de auditoría en el que expone 20 irregularidades detectadas en la Caja Promotora de Vivienda Militar (Caja Honor) durante 2023. El documento de 168 páginas detalla cinco hallazgos fiscales que ascienden a 3.426 millones de pesos, señalando problemas relacionados con la venta de viviendas, contratación y administración de recursos.

Uno de los casos más relevantes es la constitución de Cuentas por Pagar de Caja Honor, que para la vigencia de 2023 sumaron 15.769 millones de pesos. Durante la auditoría se revisó una muestra del 67,97% de estas cuentas, equivalente a 10.719 millones de pesos, encontrándose que, si bien se cumplieron los trámites presupuestales, hubo retrasos en la ejecución del contrato 174-2022, que generó una cuenta por pagar de más de 3.072 millones de pesos.

“CAJA HONOR para la vigencia 2023, constituyó Cuentas por Pagar por un valor de $15.769.203.224. Dentro del proceso de verificación a las Cuentas por pagar se estableció una muestra que alcanzó los $10.719.823.649,62 correspondiente al 67,97% del total de éstas. Del análisis se concluyó que CAJA HONOR realizó un adecuado trámite presupuestal a las mismas. Sin embargo, se observó que de la cuenta por pagar para el Contrato 174-2022 con corte a 31 de diciembre de 2023, por un valor de $3.072.234.837, la cual se registra como consecuencia de las prórrogas en el plazo de ejecución al contrato”, afirma el documento.

El informe también menciona inconsistencias en el valor de lotes y su desenglobe, lo que podría haber llevado a sobreestimaciones en la valoración de patrimonios autónomos, afectando las finanzas de la entidad.

Es importante tener en cuenta que Caja Honor, es una entidad del estado que está encargada de facilitar soluciones de vivienda a militares y civiles del Ministerio de Defensa, qué si bien sí aplicó la normatividad correspondiente en sus procesos, la Contraloría subraya deficiencias en la conciliación de cuentas y en la valoración de activos depositados en negocios fiduciarios. Estas falencias, según el ente de control, generan perjuicios financieros para la entidad al asumir gastos no alineados con su misión.

Además, la auditoría resalta un problema con la adquisición de un software para la gestión de créditos hipotecarios y leasing habitacional. El proyecto, que inicialmente debía ejecutarse en 18 meses, ha acumulado ocho prórrogas sin que el contratista cumpla con los plazos, afectando la implementación del programa.

Hallazgos fiscales

• La venta de viviendas en la urbanización Bicentenario, en Palmira (Valle del Cauca), donde 28 de las 37 viviendas del patrimonio autónomo fueron vendidas a poseedores irregulares. También se descubrió que en este mismo proyecto se pagó un avalúo que no fue realizado por la persona contratada, evidenciando una falta de idoneidad en los procesos de venta.

“Hallazgo administrativo con incidencia fiscal, presunta incidencia disciplinaria, y otra incidencia, relacionado con la venta de los inmuebles (viviendas de la urbanización Bicentenario ubicadas en el municipio de Palmira-Valle del Cauca) que se encontraban en el patrimonio autónomo con Alianza Fiduciaria S.A. de acuerdo con el contrato No. 179-2019, y la falta de idoneidad de la persona que realizó los avalúos que se tomaron como base para su venta”, afirma la Contraloría.

• La estructuración de un desarrollo inmobiliario en el predio San Isidro, en Jamundí (Valle del Cauca). Aunque las casas proyectadas no fueron adquiridas, Caja Honor pagó más de 2.668 millones de pesos en diseños y licencias a un contratista que no estaba obligado a entregar las viviendas.
• El pago del impuesto predial del lote La Cordialidad, en Barranquilla, a pesar de que este fue vendido en 2016. El comprador, responsable del predial desde 2020, solo cubrió parte del impuesto, lo que dejó a Caja Honor asumiendo un gasto que no le correspondía.

Finalmente, el informe señala que en 2022 Caja Honor contrató y pagó estudios de seguridad a pesar de contar desde 2017 con un convenio que le permitía realizar dichos estudios sin generar costos adicionales.