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Un uniformado de la Policía de Nariño imputado por delito de concusión

El subintendente enfrenta graves acusaciones por presunta extorsión a ciudadanas ecuatorianos

Capturan a Policía en Ipiales | Foto: Fiscalia Militar y Policial

Capturan a Policía en Ipiales | Foto: Fiscalia Militar y Policial

Ipiales - Nariño

Un subintendente adscrito al Departamento de Policía Nariño, fue imputado por el delito de concusión, debido a hechos que ocurrieron la noche del 7 de mayo de 2024, cuando en su calidad de comandante de la patrulla de vigilancia, habría abusado de su cargo presuntamente para extorsionar a dos mujeres ecuatorianas con su hijo menor de edad.

Según el informe de la Fiscalía Militar y Policial, el subintendente inició su turno de vigilancia, y aproximadamente las 02:30 a.m. recibió una llamada indicándole detener un automóvil azul. Al interceptar el vehículo en el barrio Bellavista, el subintendente obligó a los ocupantes, dos mujeres y un niño de dos años, a descender del auto.

En ese momento, un hombre de civil se unió al uniformado, exigiendo los documentos de identificación de las víctimas mientras el subintendente revisaba su equipaje, en donde encontraron cerca de 500 dólares, por lo que el uniformado y su acompañante comenzaron a hostigarlas, alegando que serían detenidas por ingresar al país a un menor de edad de manera irregular y por no tener sellados sus pasaportes. Cabe aclarar que en la zona fronteriza de Ipiales, Colombia y Tulcán, Ecuador, no es obligatorio el sellado de pasaportes para la movilidad entre ambos países.

Las víctimas, temiendo por la separación del niño, accedieron a las demandas y entregaron lo correspondiente a $2.300.000 al uniformado para evitar ser llevadas a la estación de Policía y perder la custodia del menor.

Este acto de extorsión, según la Fiscalía, constituye una grave violación de la rectitud que debe caracterizar a los funcionarios públicos, por lo que podría recibir una pena de prisión de 96 a 180 meses, multas de 66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses.

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