Así sería el entramado para extorsionar a contratistas en RUTA N, a cambio de coimas
Caracol Radio tuvo acceso al acervo probatorio que reposa en la Fiscalía General de la Nación.
Uno de los epicentros de la innovación tecnológica en Medellín. / Ruta N.
Medellín
Caracol Radio tuvo acceso al acervo probatorio que está en poder de la Fiscalía General de la Nación para imputar cargos por presunta extorsión a contratistas de RUTA N en Medellín.
Según la documentación que está en poder de este Servicio Informativo, secretarios de despacho del alcalde Daniel Quintero junto con varios funcionarios y exfuncionarios de la entidad tendrían un entramado para presionar y extorsionar a quienes se ganan los contratos para que paguen millonarias coimas, a la vista de todos y al parecer ignorando las alertas de quien expone la situación.
La Fiscalía General de la Nación abrió investigación de oficio a raíz de las denuncias en medios de comunicación que realizó el señor Juan Pablo Durán, cofundador de la Fundación IBSER, de que supuestamente, personas allegadas a RUTA N estaban cobrando coimas por adjudicación de contratos en la entidad.
En estos momentos el ente investigador tiene más de 7.000 documentos en los que se evidenciaría lo que podría ser un entramado creado en esa empresa pública para presionar a contratistas para que paguen coimas.
En el caso puntual de la Fundación IBSER hacen referencia a dos contratos que suman cerca de tres mil millones de pesos para el desarrollo de la estrategia Valle del Software, que buscaban impulsar conocimientos, tecnologías y soluciones asociadas a la cuarta revolución industrial para que fuesen apropiadas por emprendedores y la ciudadanía en general.
En el acervo probatorio se deja en evidencia cómo desde que arrancó el proceso de adjudicación de ambos contratos hasta que se firmaron, la Fundación fue víctima de presiones, múltiples llamadas y citaciones por parte de personas ajenas a la entidad pero que argumentaban tener poder decisión en dicho proceso de contratación.
Entre lo recolectado por el ente investigador se menciona directamente a Javier Fernández, Gerente del Programa TREBOL en EPM y quien fue director ejecutivo de RUTA N hasta abril de 2021 y a Alejandro Arias, actual candidato al concejo de Medellín, quien al momento de la adjudicación era secretario de Desarrollo Económico de Medellín.
Las pruebas
Entre las pruebas, hay por lo menos 15 comunicaciones entre pantallazos de WhatsApp y correos electrónicos en los que IBSER informa a directivos y funcionarios de RUTA N sobre su preocupación con respecto a que el señor Fernández esté presionando para que se pague el 10% del valor de esos contratos que se estaban licitando en junio de 2021.
Paralelo a esto, hay pantallazos de conversaciones con fecha del seis de julio de 2021, entre Juan Pablo Durán y Javier Fernández, que nada tenía que ver con RUTA N, en los que este último le pide de manera insistente que se reúnan previo a la adjudicación de esos contratos.
Ante la negativa del señor Durán, en otro chat, ese mismo día, Fernández le sugiere, a un alto funcionario de RUTA N sacar de dicho proceso de contratación a IBSER si no procede.
“Hermano, ¿cómo va todo?, hermano, hablemos a ver cómo movemos todo, porque la verdad, si Durán no avanza, yo creo que es mejor no hacer fuerza. Usted me indica”, le manifiesta Fernández a ese alto funcionario de Ruta N, el 6 de julio de 2021.
10% por contrato
En el caso del candidato al concejo Alejandro Arias, exsecretario de Desarrollo Económico, hay por lo menos, dos testimonios que lo señalan de también pedir otro 10% de esos contratos.
Coima distinta a la que estaba pidiendo Javier Fernández, es decir, de acuerdo con los testimonios en poder de la Fiscalía, ambos personajes pretendían quedarse con el 20% de esos contratos, algo así como 600 millones de pesos.
Entre los funcionarios que fueron enterados de la situación, está Iván Castaño, quien era el gerente de RUTA N en ese momento y que es el hermano del exsenador, Mario Castaño, quien confesó graves hechos de corrupción en el caso de las marionetas.
Hay más de 30 comunicaciones que dejan en evidencia que Castaño fue informado desde inicios del contrato de las irregularidades que se estaban cometiendo y respondió a las alertas de manera tardía.
“Hemos constatado a lo largo del proceso que el equipo de RutaN está decidido a no dejarnos operar el proyecto… El presente informe lo presentamos ya sin ninguna fe o pretensión de ejecutar el proyecto: Nuestras actividades y contratos nunca están basadas en alianzas políticas o económicas sino en nuestra simple capacidad técnica y operacional, por lo cual no tenemos como aliados a nadie de la política que “nos defienda”, lo cual no es diferente con esta administración municipal. Tampoco percibimos ningún interés del equipo técnico de RutaN de dejarnos operar este proyecto a pesar que todos los contratos que hasta la fecha hemos realizado con la Corporación han finalizado con los mejores resultados y todos nos lo hemos ganado en franca lid como resultado de nuestro esfuerzo y el trabajo arduo en términos de inversión, innovación y desarrollo que hemos llevado a cabo durante años”, se lee en el documento emitido por la Fundación el 16 de septiembre de 2021, 15 días después de iniciar el contrato.
Otra de esas comunicaciones fue un correo que le enviaron desde la Fundación IBSER, el 11 de diciembre de 2021, en el que se hace un recuento del periplo que hasta ese momento había pasado para poder cumplir con el contrato luego de negarse a las extorsiones.
“El IBSER se ha caracterizado en todos los contratos ejecutados hasta el día de hoy con todos los contratistas, incluyendo RutaN, por cumplir a cabalidad y con calidad con todos sus compromisos de una manera sana y honesta.
Sin embargo, desde sus inicios, el contrato de Fomento y Cultura ha estado colmado de irregularidades.
Desde que nos presentamos a la convocatoria supe de extorsiones y presiones por parte de funcionarios y exfuncionarios de RutaN para que el IBSER no ganara la convocatoria a no ser que pagara coimas. La negativa del IBSER en el campo de la corrupción fue acompañada por un esfuerzo enorme en presentar una propuesta de máxima calidad. Al final y a pesar de las presiones no pudieron sacarnos del proceso y ganamos la convocatoria en franca lid”, se meciona en este correo que fue enviado con copia a Castaño.
Pese a esto, hace pocos meses, Iván Castaño le dijo a la Fiscalía y a la opinión pública que se enteró de la situación solo hasta marzo de 2022 cuando estaba finalizando el contrato, es decir casi siete meses después de que fuese informado de las irregularidades.
Según lo que reposa en la Fiscalía, como la empresa se negó a pagar y no hubo argumentos para descalificarla, le fueron adjudicados dichos contratos.
Presiones
En la documentación se advierte que el contratista fue sometido a diversas presiones para obligarlo a que pagara, o para que incurriera en un incumplimiento del contrato si se seguía negando y de esta manera poder sancionarlo.
Ante las reiteradas negativas del contratista, RUTA N solo pagó el 30% del valor total de los contratos. Y de acuerdo con los datos entregados a la Fiscalía, la ejecución de ese proyecto tuvo un costo muy superior a lo inicialmente contratado debido a todos los obstáculos que realizó RUTA N.
Por ejemplo, en las evidencias se demuestran por lo menos 95 peticiones extracontractuales durante los primeros tres meses de ejecución que de acuerdo con IBSER tuvieron un costo adicional de más de $2.000 millones de pesos.
Aunque RUTA N alega incumplimiento por parte del contratista, lo cierto es que el juzgado décimo administrativo oral de Medellín negó, el 22 de septiembre de 2022, un mandamiento de cumplimiento de pago interpuesto por RUTA N contra la Fundación IBSER, en el que se advierte que la entidad no pudo demostrar esa situación y que deberá acudir a un tribunal que dirima la controversia.
En la Fiscalía hay tres procesos de investigación que avanzan, el primero tiene que ver con delitos contra la administración pública, que es este proceso en el que se está revisando la documentación para establecer si hay lugar a imputaciones de cargos o no.
El segundo es por injuria contra el ex director de RUTA N, Iván Castaño por las presuntas afirmaciones falsas que dio a la Fiscalía con respecto al momento en que se enteró de las denuncias por supuestas peticiones de coimas.
Y el tercero por un intento de desaparición del que fue víctima una de las personas que ha rendido versión ante las autoridades en el proceso por delitos contra la administración pública.
En la Procuraduría General de la Nación el proceso es también por delitos contra la administración pública por estas denuncias de extorsión y la petición de coimas.
En Caracol Radio hablamos con Javier Fernández, exdirector de RUTA N, quien por escrito negó que haya ofrecido colaboración a cualquier contratista para ganar los procesos de selección de RUTA N a cambio de dinero. Y también aseguró que no es cierto que haya presionado a algún funcionario de esa entidad para sacar de los procesos de selección a alguna organización si no accedía a pagarle dinero.
Iván Castaño, también exdirector de la entidad, nos remitió a las declaraciones que le entregó al periódico El Colombiano en las que asegura que solo tuvo conocimiento de las denuncias en marzo de 2022, algo que es falso tal y como queda en evidencia en las pruebas que tiene la fiscalía y los correos que demuestran que fue informado desde el inicio del contrato.
Alejandro Arias, candidato del Partido Verde al Concejo de Medellín también negó tajantemente haber pedido coimas por adjudicaciones de contratos en RUTA N, advirtió que como secretario de Desarrollo Económico fue miembro suplente de la junta directiva de RUTA N pero que no tuvo nunca injerencia en las decisiones del comité de contratación de la entidad.
