La JEP admite de nuevo al exsenador Julio Alberto Manzur Abdala
El excongresista había sido expulsado en abril de 2022, pero apeló la decisión y entregó nuevos aportes novedosos, presentes y suficientes para la construcción de la verdad plena
Julio Manzur(Colprensa/Archivo.)
Bogotá
La Jurisdicción Especial para la Paz decidió aceptar nuevamente en esta justicia al exsenador Julio Alberto Manzur Abdala, luego de que lo había expulsado en abril de 2022, pero el excongresista apeló la decisión y se ordenó realizar una audiencia única de verdad, que se realizó el 20 de enero y el 20 de febrero de este año.
En esta diligencia el exsenador aceptó claramente haber puesto su cargo de congresista a orden de los intereses de los grupos paramilitares no solo para lograr sus beneficios electorales propios y de sus allegados políticos, sino también para influir en la designación en cargos de la administración municipal y departamental, al igual que puso al descubierto situaciones que favorecieron de manera particular a personas en altos cargos del Estado.
Para la JEP los nuevos relatos del exsenador Alberto Manzur permitieron un mejor entendimiento del impacto particular que tuvo el conflicto armado en Córdoba con la presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros actores del conflicto armado.
Recordemos que el exsenador Alberto Manzur fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia, el 9 de septiembre de 2015, como presunto coautor responsable del delito de concierto para delinquir agravado por, supuestamente, concertarse para promover grupos armados ilegales de índole paramilitar que operaban en el departamento de Córdoba.
Los aportes de Alberto Manzur podrían ayudar en la investigación del macro-caso 08 llamado “Crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, por causa, ocasión, o relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le solicitó al excongresista ajustar sus propuestas en materia de reparación y garantías de no repetición en favor de las víctimas.
