Defensoría del Pueblo emite alerta temprana en municipios de Nátaga y La Plata
Pidió a las autoridades civiles, militares y de policía que adopten medidas urgentes para proteger a los ciudadanos, que están en un alto nivel de riesgo, por acciones de grupos armados ilegales.
El principal grupo armado ilegal vinculado a dicho mercado ilícito es la facción disidente de las Farc ‘Dagoberto Ramos’.
Neiva
La Defensoría del Pueblo, emitido la Alerta Temprana 025 de 2022 luego de corroborar las amenazados de grupos armados ilegales contra los habitantes de los municipios de Nátaga y La Plata, en el departamento del Huila, para lograr el control territorial y de actividades ilegales relacionadas con el tráfico de marihuana.
Según el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, “este territorio resulta estratégico y permite una conexión rápida entre las regiones Andina y Pacífica, está en límites con el Cauca y cuenta con una ruta desde el norte hasta el sur del Huila para el comercio de bienes y mercaderías en general, que los delincuentes buscan manejar para sus actividades criminales”.
El principal grupo armado ilegal vinculado a dicho mercado ilícito es la facción disidente de las Farc ‘Dagoberto Ramos’, que desarrolla acciones de control social y territorial, centradas en asegurar el tránsito de los estupefacientes, mediante la utilización de vehículos privados o de transporte público, retenes en la vía, evasión de los controles viales, camuflaje de narcóticos en maletas, entre otras modalidades, que incluyen la utilización de población indígena para el tráfico.
La Alerta Temprana advierte que la columna ‘Dagoberto Ramos’ incurre en conductas vulneratorias como reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes; cobro de extorsiones a los transportadores, comerciantes y campesinos, y utilización de la población civil para el transporte y distribución de marihuana.
En la alerta también se advierten amenazas a los derechos de pueblos indígenas; personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales, comunitarios y comunales; servidores públicos y autoridades tradicionales indígenas, así como a víctimas del conflicto armado y población en proceso de reincorporación.
“Lo que está ocurriendo en Nátaga y La Plata amerita el accionar preventivo coordinado y urgente para salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población civil; por lo tanto, urge mejorar la seguridad en la amplia red vial presente en ambos municipios”, concluyó el Defensor del Pueblo.
