U. Externado pide al Consejo de Estado anular título de Arias
Para la institución educativa, la congresista y su compañera de grado cometieron plagio.
Jennifer Arias, Presidenta Cámara de Representantes.(Cortesía: Camila Díaz, Colprensa.)
El Consejo de Estado admitió una demanda de la Universidad Externado de Colombia en la que solicita la nulidad del título de Magíster en Gobierno y Políticas Públicas que obtuvo en mayo del año 2016 la militante del Centro Democrático y presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Kristin Arias, y su compañera de grado Leydy Lucía Largo Alvarado.
Explicó que después de una denuncia publicada en el diario El Espectador, la institución educativa adelantó las investigaciones que concluyeron que el trabajo de autoría de ambas, requisito de grado para obtener sus títulos de Magíster, contiene plagio e infracciones graves al derecho de autor.
La Externado aseguró que “corresponde a apropiaciones indebidas de obras de otros autores y que se presentó sin autorización ni citación”.
Asimismo, señaló que el trabajo de grado se aprobó en contravía del procedimiento señalado en el numeral 9º del Manual de Procedimientos de Posgrado de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.
“Al no existir designación de jurados, no someterse a una evaluación de éstos (sin observaciones ni conceptos previos) y no haber sido sometido a una adecuada sustentación, así como no encontrarse el acta respectiva de sustentación suscrita por quienes se enunciaron como jurados”, indicó la Universidad en la denuncia de nulidad.
De hecho, aseguró que en el acta de sustentación se enuncian como jurados los profesores Carlos Giraldo y John Marulanda y “estos desconocen haber obrado en tal calidad, así como participar de la misma”.
La institución añadió que estas acciones constituyen “una afectación grave del orden social, por cuanto esta clase de títulos se contemplan como requisitos para acceder a empleos de alta responsabilidad, dirección y mando, tanto en el sector público como el privado”.
Por eso, se permite cuestionar la legalidad del título, por lo que solicitó al Consejo de Estado su nulidad total, contenida en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
