Primeras dos demandas contra el decreto de la dosis mínima

Colombia

Ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado fueron radicadas las primeras dos demanda en contra el decreto que permite la incautación de la dosis mínima. La demandante, en los dos casos, es la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien asegura que el decreto va en contra de la constitución.

"Este decreto no solamente viola los derechos fundamentales de los consumidores, sino adicionalmente este decreto no establece las medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico, para las personas que consumen dichas sustancias".

Para la representante se trata de un retroceso de 25 años en materia de derechos pues, "vulnera a los consumidores y tampoco trata esto como un problema de salud pública sino como un problema de orden público".

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Esto último, señala en sus demandas, pese a que "La Corte Constitucional ha establecido que aquellas personas que padecen de la adicción al consumo de sustancias psicoactivas deben ser objeto de medidas de protección y rehabilitación, ajenas al ámbito punitivo", y también contrariando el Acto Legislativo 02 de 2009, que pese a que prohíbe el consumo y porte de sustancias sicoactivas, "estableció para su tratamiento una serie de estrategias que se ubican en el ámbito del deber de procurar el cuidado integral de la salud de la persona y de la comunidad".

Considera la representante que con este acto administrativo, "el Gobierno Nacional traslada la responsabilidad del abordaje del problema del consumo de drogas en la Policía Nacional, institución que no se encuentra capacitada para cumplir con los estándares que desde la justicia constitucional se ha establecido como regla para el tratamiento a las personas que se encuentran en procesos de adicción". 

Tanto en la Corte Constitucional como en la Sección Primera del Consejo de Estado, se espera la radicación de más demandas, pues organizaciones sociales han señalado que con el decreto se le otorga una discrecionalidad amplia a la Policía Nacional que podría derivar en vulneración de derechos fundamentales.