Caso Centros Poblados: Imputan nuevos delitos a protagonistas del escándalo
Cuatro procesados no aceptaron cargos, uno de ellos dijo que está negociando con la Fiscalía y Emilio Tapia no se presentó por problemas de conexión
Luis Fernando duque, uno de los señalados cerebros del escándalo Centros Poblados
En una segunda fase de la investigación, la Fiscalía les imputó los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación a favor de terceros a cuatro de los empresarios que se habrían asociado para estafar al Estado a través del contrato que suscribió Centros Poblados con el Mintic.
Los investigados son Juan José Laverde, representante de Rave Agencia de Seguros; Luis Fernando Duque, representante legal de la UT; y a los empresarios Juan Carlos Cáceres y Ottomar José Lascarro Torres quien prestó dos de sus empresas.
El polémico Emilio Tapia no se conectó a la audiencia por mala conexión con la cárcel La Picota.
La Fiscal del caso dijo que ellos incurrieron en el delito de falsedad en documento privado por la firma del documento que sustentó la creación de la Unión Temporal.
Según el expediente judicial, Emilio Tapia Aldana habría acordado el pago de $4.000 millones a Otomar José Lascarro Torres para que prestara las empresas Omega Buildings e Intec de la Costa como parte del engranaje criminal a pesar de que sabían que esa participación en el contrato solo estaría en el papel.
Para la Fiscalía, los procesados indujeron en error a las funcionarias del Mintic que recopilaron los documentos presentados por la unión temporal.
Además, la Fiscalía dijo que incurrieron en el delito de enriquecimiento ilícito por valor de $USD 300 mil dólares que recibieron en Miami, al parecer desviaron los dineros del anticipo entregado por MinTIC para cubrir gastos personales.
