Unión Interparlamentaria admite denuncia del expresidente Uribe
La entidad señaló que la denuncia del exsenador, por supuestas irregularidades en el proceso que llevó la Corte Suprema, fue debidamente presentada.
El expresidente había presentado una denuncia ante la Union Interparlamentaria. / Colprensa - Diego Pineda (Colprensa)
El Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios admitió la denuncia interpuesta por el expresidente y exsenador Álvaro Uribe por supuestas irregularidades en el caso que le adelantó la Corte Suprema de Justicia en el marco del proceso por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
La Unión Interparlamentaria señaló que la denuncia fue debidamente presentada y que esta “…hace referencia a presuntas amenazas, actuaciones intimidatorias, detención y arresto arbitrarios, ausencia del debido proceso en la fase investigativa y ausencia de procesos judiciales imparciales, todas ellas acusaciones que se inscriben en el mandato del Comité…”, señala el documento.
El Comité de Derechos Humanos en la decisión “solicita al Secretario General que transmita la presente decisión a todas las autoridades colombianas pertinentes y al querellante, y que recabe la posición oficial de las autoridades judiciales respecto a las acusaciones presentadas por el querellante”.
Dentro de los argumentos que había presentado la defensa el exsenador Uribe, se indica que “se debe resaltar que se transgredió el artículo 186 de la Constitución Política de Colombia – que había sido modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 2018 que creó la Sala Especial de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia -, conforme a que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia había perdido competencia desde el 18 de enero de 2018 para investigar al señor Uribe, ya que el texto constitucional fue claro al establecer que la competente para investigar lo es la Sala Especial de Instrucción”.
El expresidente y también exsenador fue investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, pero ante su renuncia a la curul en el Senado el caso pasó a la Fiscalía General de la Nación.
