Piden suspender erradicación forzosa durante emergencia por Covid-19

En medio de la emergencia por coronavirus, la Coalición Acciones para el Cambio pidió al gobierno suspender la erradicación forzosa durante el tiempo de contingencia por el Covid-19. Según la Coalición, en estos tiempos debe prevalecer toda medida sanitaria para enfrentar la pandemia, garantizar el derecho a la vida, a la salud en conectividad con la vida y la supervivencia de todos los habitantes del país.

La Coalición detalla que organizaciones de la región del Catatumbo y departamentos como Caquetá y Putumayo denunciaron la intensificación de los operativos de erradicación forzada a pesar de que en estos territorios se firmaron acuerdos colectivos en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y que no se han cumplido a cabalidad, lo cuál convierte a las comunidades en población vulnerable por el desconocimiento a las medidas de aislamiento ante la pandemia.

Entre los hechos denunciados está el asesinato del líder comunitario Marco Rivadeneira en Puerto Asís. Rivadeneira era el encargado de promover la sustitución de cultivos en Putumayo. A tres días de su asesinato, la ciudadanía denunció que el 22 de marzo llegaron miembros de la fuerza pública que comenzaron a fumigar los cultivos de hoja de coca con glifosato.

En Caquetá, la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (COCCAM) y la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (COORDOSAC) denunciaron que el 23 de marzo miembros del Ejército Nacional iniciaron operativos de erradicación forzosa “haciendo uso de la fuerza a través de disparos en contra de la población cultivadora”.

En Catatumbo, la Asociación Campesina señalaron que el 26 de marzo fue asesinado Alejandro Carvajal quién participaba en una movilización contra las erradicaciones forzadas y violentas.

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Ante estos hechos, Acciones para el Cambio solicita investigar los asesinatos y sancionar los responsables relacionados de cometer los crímenes y amenazar a la población civil. La Coalición también pide suspender los operativos de erradicación para que los fumigadores no se conviertan en un vector de trasmisión en las regiones y piden respetar y avanzar “en el cumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria firmada con las comunidades campesinas”.