Primera petición para que la JEP asuma un proceso por el “Cartel de la Toga

Un documento de 11 páginas radicó la defensa del senador suspendido Álvaro Ashton exponiendo los argumentos por los que considera que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP debe determinar que esta nueva jurisdicción va a asumir dos investigaciones que le adelanta la Corte Suprema: una por presunta parapolítica y otra por el denominado ‘Cartel de la Toga’.

La solicitud del senador liberal es la primera que se hace en relación con que la JEP -creada para revisar los casos relacionados con el conflicto armado-, asuma un proceso del sonado escándalo de corrupción en la justicia.

Pero, ¿qué argumento tienen para hacer la petición?

A Álvaro Ashton le ordenaron medida privativa de la libertad por presuntos nexos con el bloque Norte de las AUC a raíz de la investigación que le adelantaban desde el 2012 en el alto tribunal, pero que se reactivó una vez se inició el proceso en su contra por presuntamente haber pagado 600 millones de pesos al ‘Cartel’ para engavetar ese mismo proceso en su contra.

Por ese dinero que habría pagado y al cual hizo referencia el ex fiscal Luis Gustavo Moreno, lo acusaron del delito de cohecho por dar u ofrecer y para la defensa del congresista hay una estrecha relación entre la intención ese pago y la intención de ocultar los presuntos vínculos con ese grupo ilegal.

“Más allá del caso por parapolítica, la investigación por cohecho por dar u ofrecer tiene su génesis directa en conflicto con las AUC y la hipótesis impuesta por la Corte Suprema de Justicia cuando señalan que Álvaro Ashton se puso al servicio para aprestigiarlos y colaborar en los trámites de lo que fue denominada la Ley de Justicia y Paz. Por eso nacería la necesidad de proteger tales actividades y evitar, con la conducta imputada por cohecho, que saliera a la luz pública tal convenio. Esto es lo que genera una conexidad sustancial y que habilita a la JEP para aceptar la postulación en segunda investigación” se lee en el documento.

Pero, según lo establecido, la JEP solo puede revisar los hechos ocurridos antes del año 2016, y el proceso por el Cartel se le abrió en octubre del año pasado. ¿Qué dice la defensa?

Expone en el documento que Moreno fue claro en establecer la relación entre ese pago de dinero para con el propósito de archivar esa investigación por parapolítica.

De hecho señala que la misma Corte Suprema le dio una conexión importante, pues para definir su medida de aseguramiento por parapolítica se contempló la importancia de lo que sucediera en la investigación por el Cartel de la Toga porque la declaración del ex fiscal sería una prueba incriminatoria.

“Este nuevo proceso, nace y tiene plena dependencia y por lo mismo, conexidad (...) pues ambos versan sobre los hechos de 2006 y los referidos en 2014, por lo que, poder ser considerados conexos y surgidos con ocasión del conflicto armado de manera indirecta”, se lee.

La otra investigación se da por el delito de concierto para delinquir y en el mismo documento se expone que la razón de su detención fue que para el magistrado Eugenio Fernández, quien lleva su caso, “concertó con el Frente "José Pablo Díaz" del Bloque Norte de las AUC, la promoción de ese grupo delincuencial aprovechando su posición como congresista, "poniendo a disposición de esa organización armada la función legislativa con el fin de servir a sus propósitos a través de las competencias parlamentarias que le correspondía ejercer””.

Lo anterior con el objetivo aparente de que llegará al Senado con el apoyo que le habría dado esa organización en Magdalena y por el manejo del Hospital Materno Infantil de Soledad Atlántico.

Y para la defensa, con su decisión voluntaria, el carácter preferente que tiene la JEP y la relación de los hechos con el conflicto armado debe ser asumida por la jurisdicción.

En el mismo documento, se le solicita a las autoridades que autoricen un permiso de visita a La Picota? donde se encuentra recluido, para que pueda firmar el acta de sometimiento.