Cinco magistrados anticiparon sus impedimentos para votar por el nuevo fiscal

Desde las 8:00 de la mañana de este jueves la sala Plena de la Corte Suprema de Justicia comenzó el estudio de los impedimentos de cinco magistrados para participar en la elección de fiscal general. 

De la sala Penal presentaron impedimentos los magistrados Eugenio Fernández Carlier, quien advirtió que tiene un hijo y un sobrino trabajando en la Fiscalía. 

Lo mismo hizo la magistrada Patricia Salazar. Su hija Paola Guerrero trabaja en la oficina del fiscal general. Llegó a la entidad con Eduardo Montealegre. 

De la sala Civil, su presidente, Álvaro Fernando García señaló que dos familiares suyos están vinculados al ente acusador en Medellín. Ingresaron en 2001 y 2008. 

El magistrado Aroldo Quiroz, quien tomó posesión del cargo el pasado 11 de marzo, señaló que su hermana trabaja hace 15 años en la fiscalía y su esposa desde hace 10 en el Instituto de Medicina Legal. 

De la sala Laboral el magistrado Gerardo Botero Zúñiga señaló que familiares en cuarto grado de consanguinidad trabajan en el CTI. Uno desde el año de 1993 y otro desde 2007. 

Esta es la primera vez que la Corte Suprema se enfrenta a impedimentos de sus magistrados en el proceso de elección de un nuevo fiscal general, a quienes se aplicaría el artículo 11 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para el conjuez Hugo Quintero en este caso no se podría hablar de que los magistrados con familiares en la fiscalía estuvieran impedidos para votar por el reemplazo de Eduardo Montealegre, porque no se trata de reelegir a quien los nombró sino de escoger un nuevo fiscal. 

“El que sí quedaría impedido, es el fiscal para favorecer a cualquiera de esos supuestos familiares de magistrados. No podría ascender a ninguno, porque el acto puede ser identificado con la prohibición de nombrar, a menos que sea por carrera judicial. Solo le quedan dos opciones, los mantiene o los saca para mejoramiento del servicio.”