EE.UU. señaló que la impunidad sigue siendo el problema de Colombia en derechos humanos

En la misma línea de los últimos años, el Departamento de Estado insiste en que Colombia tiene problemas para garantizar el funcionamiento de la justicia

Según el Informe Anual sobre Derechos Humanos publicado este viernes por el Departamento de Estado, los problemas más serios en Colombia siguen siendo la “impunidad, la ineficiencia del sistema judicial, la corrupción y la discriminación”

Según el documento, cuyo análisis se hace con datos recopilados en el año 2012, estos problemas limitan la capacidad del Estado para procesar individuos acusados de abusos a los derechos humanos y para llevar a juicio a antiguos miembros de grupos paramilitares

En sus conclusiones, el Departamento de Estado prácticamente conserva el mismo lenguaje del año anterior

Por otra parte, “la disponibilidad de los recursos obtenidos a través del tráfico de droga generalmente produce más corrupción” y “la discriminación social en contra de las comunidades afrocolombianas e indígenas restringe la habilidad de estos grupos para gozar de sus derechos”

Otros problemas incluyen ejecuciones extrajudiciales, colaboración de militares con grupos armados ilegales, desaparición forzada, hacinamiento en las cárceles, violencia en contra de las mujeres, tráfico de personas y trabajo infantil. Así mismo, el informe conserva un tono drástico en contra de los delitos cometidos por las Farc, el Eln y demás grupos ilegales en Colombia

Asegura que estas organizaciones son responsables de múltiples delitos: asesinatos de políticos, militares, policías, uso de minas antipersonal, secuestros, desapariciones forzadas, subordinación e intimidación de jueces, reclutamiento de menores, entre muchos otros. Respecto a Venezuela, el Departamento de Estado continuó en su línea dura en contra del Estado sudamericano

“El Gobierno no respeta la independencia judicial ni permite a los jueces actuar de acuerdo a la ley sin temor a retaliaciones”

Afirma que el Gobierno, por el contrario, utilizó el poder judicial para intimidar y perseguir selectivamente a políticos, sindicalistas, empresarios, y líderes de la sociedad civil que fueron críticos con sus políticas o acciones”.