Suspenden al condenado gobernador de Guainía. La U no podría tener candidato a sucederlo

El gobierno nacional suspendió al gobernador de Guainía Iván Vargas Silva, condenado por la Corte Suprema de Justicia por corrupción de elector agravado en concurso homogéneo, en decisión que además podría implicar que su partido político, la U, no podrá presentar ni terna para reemplazarlo ni candidato para sucederlo

Por decreto 3374 firmado por el ministro delegatario de funciones presidenciales, Juan Carlos Pinzón, y el ministro encargado del Interior, Aurelio Iragorri, se designó como encargada de la Gobernación a Julieta Gómez de Cortés, asesora del ministerio del Interior, quien hoy mismo asume las funciones

La decisión impedirá que Vargas Silva adjudique tres multimillonarias licitaciones que tenía previstas para esta semana en tres obras con plazo de ejecución de tres meses, entre ellas la construcción de un centro de educación superior

La condena de Vargas Silva implicará que su partido, el de la U, no podrá postular una terna para su reemplazo, pero tampoco podrá postular un candidato para las elecciones de octubre

El artículo 107 de la Constitución establece que cuando un elegido como Presidente, gobernador o alcalde es condenado por delitos, entre ellos los electorales (como es el caso de Vargas Silva), el partido que lo respaldó también es sancionado sin derechos a postular nuevos candidatos

“Cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa Circunscripción. Si faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar terna, caso en el cual, el nominador podrá libremente designar el reemplazo”, dice la norma constitucional

El Partido de la U, que avaló a Vargas Silva hace cuatro años, tiene como candidato actual a la gobernación a Tocayo Carrizosa Falla, acusado de falsedad en un contrato que precisamente le concedió el condenado gobernador

Para acceder a dicho contrato, Carrizosa presentó un acta de grado de la Corporación Universitaria Nacional (CUN) de Bogotá, que certificó que dicho documento no correspondía a la facultad respectiva ni al registro del Icfes y que el implicado nunca se graduó en ese centro educativo.