Venezuela arremete contra Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Venezuela arremetió de nuevo contra la CIDH, a la que acusó de ser un instrumento de determinados sectores para desestabilizar y desacreditar al Gobierno, y pidió la sustitución de su secretario Ejecutivo, Santiago Canton. En una audiencia solicitada por el Estado venezolano, el delegado del Gobierno del presidente Hugo Chávez para los Derechos Humanos, Germán Saltrón, al igual que ya lo hiciera en marzo en la última sesión de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusó al organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) de actuar con parcialidad. Este ente, afirmó, "no respeta la obligación que tienen los sistemas de protección de los derechos humanos internacionales y regionales de ser complementarios y subsidiarios a la función del Estado". El Estado venezolano considera que la CIDH "se extralimita" de sus funciones en cuanto al papel que le corresponde desempeñar dentro del sistema, al pretender "imponerse por encima de la legislación interna de los Estados". De acuerdo al delegado venezolano, el Gobierno de Chávez ha demostrado la falta de parcialidad de la Comisión, la cual ha admitido casos y ha dictado medidas cautelares con una inusual diligencia, como el caso de Globo visión. Venezuela reiteró, además, su preocupación por los señalamientos que continúa efectuando la Comisión en sus informes anuales contra el país suramericano, los cuales "carecen de metodología fundada en la objetividad y transparencia". El Gobierno, agregó Saltrón, sigue sin entender los criterios que usa la CIDH para incluir a Venezuela, por sexto año y junto a Cuba, Haití y Colombia, en el capítulo IV de su informe anual sobre los países que necesitan mejorar en materia de derechos humanos. La relación de Venezuela con la CIDH se ha deteriorado de manera drástica desde el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra Chávez, y desde entonces, las críticas y acusaciones contra el ente, y sobre todo contra Canton, son constantes. Venezuela entiende que la CIDH, mediante su secretario Ejecutivo, reconoció entonces al Gobierno de facto encabezado por el empresario Pedro Carmona. El Gobierno reiteró que el 12 de abril de 2002, Canton recibió una solicitud de medidas cautelares a favor del presidente, pero en lugar de otorgarlas, este se limitó a solicitar al canciller de facto, José Iturbe Rodríguez, información sobre el "señor" Chávez reconociéndolo, además, como un "excelentísimo canciller", según Saltrón. "La Comisión ha abandonado su condición de organismo internacional imparcial encargado de velar por el respeto de los derechos humanos en la región, para convertirse en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales interesados en desacreditar y desestabilizar al Gobierno", dijo. La CIDH ha pedido en varias ocasiones verificar la situación de los derechos humanos en Venezuela, pero hasta ahora el Gobierno de Chávez le ha negado esta posibilidad. En cuanto a esta disputa, Saltrón afirmó que su país ha manifestado repetidas veces que Chávez únicamente autorizará una visita de la CIDH si se cumplen tres condiciones. La primera: Que la Comisión reconozca públicamente su "error al reconocer al golpe de Estado", la segunda: Que se sustituya a Canton y se asigne un nuevo relator para Venezuela y la tercera: Que se reforme su reglamento para garantizar la transparencia, independencia y pluralidad de pensamiento en su seno. En referencia al secretario Ejecutivo, que lleva siete años al frente de la CIDH, el delegado venezolano expresó su esperanza de que su posición no sea "vitalicia". Esta fue la primera vez que Venezuela pidió en una audiencia de la CIDH la sustitución de Canton, aunque ya lo hizo anteriormente en público a través de medios de comunicación. El relator para Venezuela es el brasileño Paulo Sergio Pinheiro.