Comisión investigadora de la muerte de Edwin Legarda denuncia que no hubo retén militar

En un informe preliminar, la Comisión de organizaciones defensoras de derechos humanos y de indígenas, que verifica los móviles que rodearon la muerte de Edwin Legarda, el esposo de la líder indígena Ayda Quilcué, denunció varios detalles hallados en la escena del crimen. La Comisión dice que no hubo señalización que permitiera establecer que había un retén militar, que varios de los militares no se encontraban en el retén sino apostados en el piso a lado y lado de la vía, cuando se presentaron lo disparos; además aseguran que en el sitio fueron halladas tres armas más de las entregadas de dotación para los militares que se encontraban en el lugar. "Las autoridades indígenas y pobladores de la región informaron a la comisión que la unidad militar responsable del crimen, se encontraba permanentemente más de un año en el sitio donde ocurrieron los hechos, y que al momento de los hechos no había señales propias y adecuadas que indicaran que se tratara de un reten militar", dice el documento. "Conforme a lo anterior, y la comisión considera que las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se perpetro el asesinato del comunero indígena Edwin Legarda, no se puede calificar como un acto relacionado con el servicio y por el contrario se constituyó en una grave violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas y por tanto la investigación penal debe ser adelantada por las autoridades indígenas conforme a su jurisdicción, autoridades y derecho propio", agrega el informe. El grupo de organizaciones sociales, entre las cuales se encuentra la ONIC, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Minga, El Programa no gubernamental de Defensores de derechos Humanos y la Corporación Reiniciar; solicitará al Consejo Superior de la Judicatura que dirima la competencia para las investigaciones relacionadas con la muerte del indígena. Zoraida Gutiérrez, directora ejecutiva del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, una de las integrantes de la Comisión dijo que: "las autoridades indígenas van a solicitar que el proceso sea remitido a la Jurisdicción Indígena y seguramente allí se va a pedir una comisión de competencias que deberá ser resuelta por el Consejo Superior de la Judicatura".