Transportadores de Bogotá deberán pagar 131 mil millones por evadir al fondo de Chatarrización

Los transportadores bogotanos que no cancelaron los dineros destinados al fondo de chatarrización tienen que pagar además de dicha obligación, los intereses causados por la mora en el pago y se les deberán aplicar las multas correspondiente, establecidas en el decreto 115 de abril de 2003, advirtió la Procuraduría General de la Nación. Este decreto de la Alcaldía Mayor de Bogotá creó el factor de calidad para efectos de reducir la sobreoferta del transporte existente en la ciudad; desde el 16 abril 2003 que entró vigencia este decreto, los empresarios tenían la obligación de recaudar dicho factor que actualmente equivale a 18 pesos de cada una de las tarifas que hoy se pagan por el servicio. El ministerio público presentó su posición en el marco de la mesa de concertación en la que los transportadores bogotanos pretendían pactar acuerdos de pago, solicitaban la condonación de los intereses e inclusive un periodo de gracia de 18 meses de plazo para cancelar los dineros del Distrito que serán invertidos en el proceso de chatarrización de los vehículos de Transporte Público Colectivo, lo que representará múltiples beneficios de las condiciones de seguridad, comodidad y acceso a la prestación del servicio de transporte público y reducirá ostensiblemente los problemas de movilización que debe afrontar los bogotanos. La Procuraduría, advirtió la necesidad de iniciar la recuperación de estos recursos que ascienden a cerca de 71 mil millones de pesos, así como de los intereses legales moratorios generados del 12 por ciento anual, equivalentes a unos 44 mil millones de pesos. A la fecha de las 66 empresas transportadoras de Bogotá 4 han cancelado la obligación en cuanto al capital se refiere, mientras que las otras 62 adeudan dicho capital más intereses legales moratorios y multas, lo que ha provocado serias consecuencias para la ciudad que se ven reflejadas en la sobreoferta del parque automotor. En la mesa de concertación se propuso llegar a un acuerdo de pago el cual se daría en 12 o 24 meses siempre y cuando se reconozcan el capital, los intereses y las multas que la Ley establece para las empresas transportadoras que incumplan las disposiciones del aludido Decreto. Por su parte, los transportadores se negaron a considerar siquiera la posibilidad de cancelar los intereses legales por mora y cualquier tipo de multa. Así las cosas deberán avanzar los procesos penales y administrativos en curso.