Por el Pacto de Ralito tres políticos recuperan la libertad y ocho son llamados a juicio

Un fiscal de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía llamó a juicio a 8 de los políticos y funcionarios públicos que firmaron el llamado “Acuerdo de Ralito” para refundar la patria mientras que 9 de los 21 vinculados fueron precluidos. Del grupo de personas absueltas 3 recuperan su libertad, Álvaro Cabrales, ex diputado conservador de Córdoba, Fredy Sánchez, ex representante a la cámara por Córdoba, y Marciano Celedón, ex jefe de plantación de Tierralta. Dentro de los llamados a juicio están Jorge Luis Feris Chadid, ganadero y ex gobernador a quien se le confirmó la orden de captura por encontrarse prófugo de la justicia; Sigifredo Senior, ex alcalde de Tierralta, Córdoba; Victor Antonio Guerra, ganadero; José María Imbet, representante a la cámara; Jesús María López, ex gobernador de Córdoba; Luis Carlos Ordosgoitia, ex congresista y ex director del INCO, Edwin José Mussi, ex alcalde de Ovejas, Sucre y José Arturo Ospina. Sobre estas personas la Fiscalía señaló que existen indicios de que al parecer se habrían beneficiado de alguna u otra forma de la firma del pacho con las autodefensas. Dentro de los precluidos cuyos procesos serán archivados, están el periodista Antonio Sánchez; Luis José Álvarez , Suplente en la Cámara de Representantes; Rodrigo Antonio Burgos, ex senador conservador; Rodolfo Vargas de Lima, funcionario de la alcaldía de Sincelejo; Germán Tiberio Ortiz, asesor de la alcaldía de San Antero y Luis Felipe Goenaga Rodríguez, funcionario de la alcaldía de Ovejas. La Fiscalía archivará la investigación a favor de estas personas ya que se acoge la tesis de la Corte Suprema que señala que la sola firma del pacto no constituye un delito. “No surge duda, sino certeza de que su asistencia a dicha reunión fue meramente circunstancial o incidental” señala la Fiscalía. Abelardo de la Espriella abogado de unos de las personas que recuperaran su libertad anunció que se esta estudiando una demanda contra el estado por los perjuicios causados producto de la detención.