La Justicia española podrá juzgar al represor argentino Ricardo Cavallo

El Tribunal Supremo español despejó hoy el camino para que el ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo sea juzgado en España por supuestos crímenes cometidos durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983), al estimar la competencia para ello de la Audiencia Nacional española.
La Corte Suprema acepta en la sentencia los recursos interpuestos por el fiscal y las acusaciones contra una decisión de la Audiencia Nacional, de diciembre de 2006, de no juzgar a Cavallo en España al dar prioridad a la Justicia argentina, que también le investiga.
La Fiscalía entiende que la Justicia argentina no está investigando a Cavallo por los mismos hechos y delitos por los que le procesó en España el juez Baltasar Garzón.
Considera además que la causa abierta al ex militar en Argentina está mucho menos avanzada que en España.
En su recurso, la Fiscalía argumentó que la resolución que dictó la Audiencia Nacional a finales de 2006 supone una infracción de precepto constitucional -concretamente del artículo 24 de la Constitución, que establece el derecho a la tutela judicial efectiva- y una vulneración del derecho al juez predeterminado por la Ley.
Cavallo, procesado por Garzón por su actividad en el centro de detención de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), está en prisión en España desde el 29 de junio de 2003, cuando fue extraditado por México, país donde fue detenido en agosto de 2000 tras ser reconocido por varios supervivientes de los centros de detención argentinos.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, el tribunal español que juzga los delitos de gran relevancia, incluidos los de terrorismo, pedía para él una pena mínima de 13.332 años de cárcel y otra máxima de 17.010, en función de que se le condenara por delitos de lesa humanidad o de genocidio y éstos estuvieran o no relacionados con delitos de terrorismo.
Cavallo pertenecía a la Escuela Mecánica de la Armada argentina, donde numerosas personas fueron sometidas a privación ilegal de libertad, condiciones inhumanas de vida, torturas físicas y psíquicas y otras acciones realizadas en el marco de delitos de lesa humanidad.